Fue convocada desde las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. Participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, vecinos y periodistas del ámbito porteño. Los planteos fueron a favor de la prohibición o de la regulación con diversos matices.
La problemática de los cuidacoches conocidos también como «trapitos» fue considerada hoy durante un encuentro organizado por los presidentes de las comisiones legislativas de Justicia y de Asuntos Constitucionales, diputados Francisco Quintana y Helio Rebot (PRO) respectivamente. Representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, vecinos y periodistas del ámbito porteño expusieron acerca de los cuatro proyectos de ley existentes, uno a favor de prohibir la actividad presentado por el bloque PRO; y tres que consideran la regulación de los bloques Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y MST.
«Durante un recital al que asisten cerca de 50 mil personas con unos 10 mil autos, la zona se transforma en un espacio de recaudación de las mafias y se generan inconvenientes para los vecinos que no pueden estacionar en su propio barrio», sostuvo Rebot al iniciar la jornada realizada esta tarde en el salón Presidente Juan D. Perón. En tanto, el legislador adelantó que se realizarán otras dos reuniones con la participación de académicos y representantes de ONGs. Por su parte, Quintana resaltó la importancia de la convocatoria «como un ámbito de debate dirigido especialmente a vecinos y representantes de otros sectores de la sociedad sobre los cuatro proyectos de ley que hoy están en tratamiento de las comisiones» teniendo en cuenta que luego, con las posturas planteadas los diputados tienen sus propios mecanismos de discusión.
Primer Panel: Vecina y representantes de la Defensoría y de la Fiscalía
Durante la jornada se desarrollaron dos paneles moderados por el periodista de CN23 Rodo Herrera. En la primera etapa la vecina de la Comuna 14 Lucía Carew, gerente de la Asociación Amigos del Barrio de Palermo Viejo y Adyacencias y presidenta del Consejo de Prevención Comunitaria de la Comisaría 25º, expresó su apoyo al proyecto de prohibición total de la actividad y denunció los problemas que padecen los ciudadanos por la violencia que ejercen los cuidacoches.
A continuación, el director de Área de Control Comunal de la Defensoría del Pueblo, el abogado Eduardo Fachal, cuestionó ésta propuesta y adelantó el contenido de un proyecto de ley de la Defensoría que entre otros aspectos, propondrá que «los organizadores de eventos deportivos y culturales así como deben proveer un plan de contingencia y seguridad, también deban contratar para esos casos cuidacoches». El Fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Unidad Fiscal Norte, Eduardo Riggui, explicó que el 99% de los casos investigados deben ser archivados por faltas de pruebas.
Fachal consideró que «con la prohibición de realizar esta actividad como mecanismo de subsistencia se produce una doble exclusión de personas que ya fueron excluidas al perder anteriormente su trabajo y sufrir otros padecimientos», agregó que son muy diferentes las situaciones vividas en cada barrio y en los distintos eventos y finalizó: «si hay mafias y sabemos quiénes son, vayamos a investigar».
Riggui refirió la experiencia de la fiscalía que recibe «el 99% de actuaciones provenientes de la policía pero, de las cuales el 99% pasan a archivo por falta de pruebas», planteó el criterio a favor de que los «legisladores estipulen la prohibición de apropiación del espacio público por personas no autorizadas» y consideró que «el Estado puede reglamentar la actividad en algunas zonas».
Segundo Panel: dos periodistas analizaron la problemática
El periodista de «Visión 7» de la Televisión Pública, Emilio Ruchansky manifestó que el proyecto de ley contra los cuidacoches «prohíbe personas y no acciones, lo que tiende a un estado fascista, y alienta las mafias permitiendo a la policía mejor complicidad con los organizadores de los cuidacoches». En tanto su colega de canal América 2 y radio La Red, Lis Novaresio, cuestionó la propuesta de regular la actividad de cuidacoches: «¿no hay otra chance de inclusión social con más perspectiva como la integración de cooperativas o talleres, que los políticos puedan ofrecer?».
«Con regulaciones se puede desarmar a una mafia sin penalizar a los cuidacoches», aseguró Ruchansky, comparando la situación a la venta de droga y luego criticó también la experiencia que se vive en la provincia de Córdoba en la que según relató «cada fin de semana se llevan presos a muchos cuidacoches que luego son liberados». «Parece que al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no le gusta el espacio público libre porque lo ha privatizado, entonces defendamos el espacio libre que queda», arengó Novaresio al concluir su participación.
El Vicepresidente Primero, diputado Cristian Ritondo, cerró el encuentro y sostuvo que el proyecto que presentó junto a su par Roberto Quattromano (PRO) es un «disparador para llamar la atención sobre este tema» de interés social. Esta iniciativa mantiene la prohibición de realizar la actividad de cuidacoches como la norma vigente, pero la modifica quitándole «la carga que se le pasa actualmente al ciudadano que debe probar el hecho con dos testigos».
Otros proyectos legislativos presentados por las diputadas Gabriela Alegre y Claudia Neira (FpV), el expediente 745-2014; Alejandro Bodart (MST), el expediente 474-2014 y Gabriela Cerruti (NE) expediente 1039-2014 plantean la regulación. En ese sentido, Ritondo planteó como un inconveniente la cuestión de cuánto debería ser lo que se permitiera cobrar en cada espectáculo deportivo o cultural. Además hizo referencia a la situación en «Uruguay donde están rediscutiendo la regulación aprobada en esta materia» y al debate que en forma simultanea también ocurre en Paraguay, Chile y México.
Finalmente, agradeció el intercambio de opiniones y sostuvo que «en la Legislatura los 14 bloques que la integran debatirán el tema, con los mecanismos que la Constitución de la Ciudad y el reglamento interno les otorgan, como las Audiencias Públicas y la prerrogativa de los ciudadanos de dar a conocer su postura sobre los temas en debate, durante la primera media hora de las reuniones de comisiones legislativas».
