Por Ana Leguìsamo Rameau. Contentos los inquilinos con la nueva ley que los protegerà, saben que, dentro de poco tiempo, no pagaràn comisión inmobiliaria, tampoco la gestión por los pedidos de informes y certificaciones de firmas. Asì, se votó por 51 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones a cargo de Laura Marrone (Legisladora electa por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda PO-PTS-Izquierda Socialista en la Ciudad de Buenos Aires) y Fernando Vilardo Ayl primer candidato a Legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Autodeterminación y Libertad).
Fernando Muñoz, desde la Defensorìa del inquilino expresa:
«En los últimos diez meses, las quejas por aumentos siderales de las renovaciones de contratos (que superan un 70% para el primer año) también se multiplicaron por cuatro, al igual que las demandas por riesgos de desalojo ante atrasos en el pago de aumentos pactados.
Pese a ello, muchas inmobiliarias han encontrado en los “gastos de informes”, en la certificación de firmas o en el 21% del “más IVA” nuevas formas de seguir tratando al inquilino como un donador de dinero que ni siquiera merece comprobante de pago.
Los reclamos recibidos por cobros indebidos al comenzar el contrato y retenciones de dinero al finalizarlo (no devolver el depósito, por ejemplo) se han duplicado durante los últimos diez meses en el Centro de Atención a Inquilinos de la Defensoría. Es comprensible: esos gastos representan un promedio de 15 a 25 mil pesos más en el presupuesto de quien alquila.
Al mismo tiempo, las quejas por aumentos siderales de las renovaciones de contratos (que superan un 70% para el primer año) también se multiplicaron por cuatro, al igual que las demandas por riesgos de desalojo ante atrasos en el pago de aumentos pactados.
Por eso, resulta fundamental descomprimir gastos que reducen cada vez más la capacidad de consumo de un tercio de hogares de nuestra ciudad, que se ven obligados a alquilar una vivienda, y controlar que las leyes se cumplan, que las avivadas se sancionen, que los abusos tengan una respuesta contundente y que cada vez que un inquilino paga, reciba la factura correspondiente.»
La iniciativa fue presentada por el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en pleno inicio de la campaña electoral de cara a las PASO del 13 de agosto. Desde hace algunos años, la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un complejo proceso de inquilinización: uno de cada tres porteños alquila.
En la Argentina, en total hay 6 millones de inquilinos. Pero el fenómeno de concentración de las propiedades fue muy acentuado en la Ciudad: los propietarios pasaron del 64,4 por ciento de la población en 2003 al 50,6 en 2016. En paralelo, los inquilinos pasaron del 23,9 al 35,2, mientras creció la “tenencia precaria”, del 11,6 al 14,2 por ciento. Un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires es de $8503 con aumentos semestrales de 15 por ciento, sin mencionar expensas, servicios ni impuestos.
El sistema de alquileres involucra a unas 400 mil familias que hasta ahora debían pagar hasta cinco meses por adelantado.
Pese a todo el trabajo, que se està realizando junto a algunos legisladores, aunque en su mayorìa han votado a favor de los inquilinos, todo hace suponer que (segùn fuentes fidedignas), los alquileres subiràn aùn màs para que las inmobiliarias y dueños puedan ganar ese plus que ahora han perdido. Las comisiones, los pedidos de informes ya no seràn un obstàculo en la vida del inquilino, aunque las inmobiliarias ya estàn afilando el làpiz para dar un «simbronazo» a la suba de alquileres (con el guiño empresarial y de los propietarios) y asì obtener las ganancias que siempre cuentan con la sangrìa de los inquilinos.
