El diputado nacional Alejandro Bongiovanni del PRO presentó un proyecto de ley al que llamó «Ley de libertad inmobiliaria» y que busca anular requisitos formales y permitir operaciones sin restricciones en todo el país.
Entre sus principales puntos, la norma busca suprimir la obligación de inscripción en registros o cámaras profesionales, eliminar límites jurisdiccionales para la actividad y suprimir aranceles fijos o mínimos en las comisiones.
Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) comentaron que la experiencia internacional demuestra que donde se intentó eliminar los controles, los efectos fueron negativos.
“Esta iniciativa no solo pone en riesgo al consumidor, sino que deteriora la calidad del servicio, fomenta la competencia desleal, aumenta los fraudes y debilita uno de los mercados más importantes de la economía”, sostuvieron.
Desde Errepar, alerta que, el proyecto busca modificar distintos artículos de la Ley 20.266 y que no se exija título universitario alguno para ejercer como intermediario en operaciones inmobiliarias. Solo bastaría con ser mayor de edad y no encontrarse inhabilitado legalmente para desempeñar dicha tarea.
Asimismo, se establece que no será obligatoria la inscripción en registro o matrícula profesional alguna. Quienes opten por inscribirse de manera voluntaria podrán hacerlo en cualquier jurisdicción, sin restricciones geográficas ni territoriales, y únicamente deberán acreditar buena conducta, constituir un domicilio electrónico y cumplir con requisitos administrativos comunes al comercio local.
Por otro lado, establece que la matrícula profesional dejará de ser una herramienta de control estatal o colegiado. En su lugar, podrá ser gestionada por entidades privadas o cámaras sectoriales, sin participación del Estado en la regulación o supervisión.
Asimismo, propone que las infracciones o incumplimientos contractuales en el ejercicio de la actividad solo puedan ser reclamados por vía judicial ordinaria, sin posibilidad de sanciones administrativas por parte de colegios o autoridades administrativas.
También elimina la posibilidad de que instituciones estatales o privadas creen o mantengan legajos personales con efectos jurídicos, resguardando la privacidad y la presunción de inocencia de los profesionales. Únicamente las sanciones firmes impuestas por tribunales judiciales podrán asentarse en registros públicos de acceso libre.
