El 29,7% de las viviendas en alquiler enfrenta una situación de “emergencia habitacional”. Esta estadística proviene de un análisis realizado a partir de la encuesta nacional de Inquilinos Agrupados.
Según se indica que estas viviendas están “acumulando al mismo tiempo problemas por altos costos de alquiler, deudas, retrasos en pagos y/o desplazamientos forzados”.
Esto último sugiere una fuerte posibilidad de desalojo, algo que el gobierno intenta fortalecer al facilitar las condiciones para sacar a los inquilinos de sus casas con la “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”.
Por eso, la situación relacionada con la vivienda es mucho más crítica que hace unos años. Desde que se eliminó la ley de alquileres, los precios suben cada tres meses, todas las cargas caen sobre los inquilinos y los contratos son de corta duración. Esto resulta en una transferencia mucho más significativa de los ingresos de los inquilinos hacia los propietarios de las viviendas, indica @gervasiomartinmunoz, de @inquilinosagrupados.
Cómo funciona el desalojo Exprés
El Senado otorgó media aprobación al proyecto de Ley de Protección de la Propiedad Privada, que incluye uno de los aspectos más delicados para el sector de arrendamientos: el desalojo rápido.
La propuesta tiene como objetivo agilizar los plazos legales cuando un arrendatario no cumple con sus pagos de alquiler.
El cambio más significativo: el propietario podrá notificar al inquilino después de 10 días consecutivos de impago.
Si la deuda no se soluciona, podrá comenzar un procedimiento judicial rápido de desalojo.
El Gobierno argumenta que la modificación proporcionaría mayor estabilidad jurídica a los propietarios y podría motivar a que más viviendas se ofrezcan en el mercado de alquiler.
Sin embargo, las organizaciones de inquilinos alertan que el proyecto limita las posibilidades de negociación y podría incrementar la vulnerabilidad en el acceso a la vivienda.
Es importante señalar que no se trata de un desalojo automático. El plazo de 10 días permite iniciar un procedimiento judicial acelerado, pero no conlleva a la expulsión inmediata del inmueble.
El asunto ahora será discutido en la Cámara de Diputados y se espera que sea uno de los debates más acalorados en el ámbito inmobiliario.
