El legislador Federico Mochi presentó un proyecto para modificar la ley que regula el trabajo de los corredores inmobiliarios, con el objetivo de ampliar los derechos de los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa prohíbe que las inmobiliarias cobren comisiones a los inquilinos y que exijan que los seguros de caución sean contratados con una aseguradora específica.
El diputado porteño Federico Mochi presentó un proyecto para modificar dos artículos clave de la normativa que regula el ejercicio profesional de los corredores inmobiliarios en la Ciudad. La reforma introduce nuevas obligaciones de transparencia y amplía las prohibiciones vigentes, para ampliar los derechos de los inquilinos porteños.
Según explicó el legislador, la iniciativa surge en un contexto de creciente «inquilinización» de la Ciudad: el porcentaje de hogares que alquilan pasó del 22% en 2001 a más del 35% en la actualidad, y se proyecta que alcanzará el 40% en 2026. En ese marco, las familias porteñas destinan en promedio la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. «El alquiler promedio de un departamento de un ambiente en la Ciudad ya supera los 527.000 pesos, mientras el Salario Mínimo Vital y Móvil es de 346.000 pesos. Las familias están al límite, y mientras tanto algunas inmobiliarias siguen cobrando lo que quieren y reteniendo señas sin ningún criterio», señaló Mochi.
Una de las modificaciones centrales apunta a terminar con la práctica de imponer una aseguradora de caución determinada. El proyecto prohíbe expresamente que llas inmobiliarias impongan la contratación de un seguro de caución con una compañía específica, garantizando al inquilino la libertad de elegir el proveedor que mejor se ajuste a su capacidad de pago. Actualmente, el costo de estos seguros promedia entre mes y medio y dos meses de alquiler, por lo que se ha convertido en un obstáculo real para acceder a una vivienda.
El proyecto también regula el manejo de reservas y señas, otra fuente habitual de conflictos. La reforma establece que las inmobiliarias deberán instrumentar por escrito toda suma recibida en concepto de reserva, señal, adelanto o depósito en garantía, indicando monto, fecha, destino y condiciones de devolución. «Queremos terminar con la arbitrariedad: que no haya más señas retenidas sin motivo ni plazos que se estiran indefinidamente. El inquilino tiene que saber desde el primer momento cuáles son las reglas del juego», afirmó Mochi. Además, fija un plazo máximo de cinco días hábiles para restituir esos fondos cuando la operación no se concrete por causas no imputables al inquilino.
La iniciativa también fortalece los requisitos de publicidad para las inmobiliarias. Así, obliga a incluir en toda oferta de alquiler publicada en páginas web una leyenda que informe que está prohibido cobrarle comisiones al inquilino, y que el máximo que se le puede requerir al propietario equivale al 4,15% del valor total del contrato. La misma información deberá exhibirse mediante carteles visibles en todos los locales donde se preste el servicio de corretaje.
«La vivienda no es un bien de consumo más: es un derecho. Y el Estado tiene la obligación de garantizar que el mercado inmobiliario funcione con reglas claras y justas. Este proyecto no busca confrontar con las inmobiliarias que trabajan bien, sino poner un piso mínimo de transparencia que hoy no existe y que los inquilinos porteños necesitan», sostuvo Mochi.
