La Defensoría del Pueblo recomendó redistribuir las mesas electorales en más establecimientos, con el fin de minimizar los riesgos sanitarios sin descuidar la integridad del proceso y la transparencia de los resultados, en el contexto de la pospandemia de COVID-19.
Se trata de una propuesta para garantizar el derecho al voto sin descuidar el derecho a la salud, que contempla la constitución de nuevas mesas electorales en clubes de barrio e instituciones deportivas de la Ciudad, en base a los siguientes criterios:
• Los establecimientos electorales que cuentan con cinco o menos mesas, no se modificarían.
• Los que cuentan con más de cinco mesas, deberían reducir ese número a la mitad o hasta un mínimo de cinco.
• Las “mesas excedentes” resultantes se distribuirían en estos nuevos lugares de votación, que podrían tener hasta cinco mesas cada uno.
Esta caracterización fue realizada bajo la premisa del “peor escenario posible” en cuanto a las posibilidaddes edilicias de los nuevos centros de votación. La distribución final de las mesas dependerá del tamaño y capacidad de los lugares elegidos, pero se calcula que la Ciudad debería incorporar unos 600 nuevos establecimientos para garantizar el distanciamiento social y la correcta ventilación de los espacios.
Por otra parte, se partió de la consideración de que la autoridad electoral ya dispone de información sistematizada acerca del universo de establecimientos escolares pero no sobre los clubes y clubes de barrio, desde una perspectiva estrictamente electoral: su ubicación respecto a las escuelas, la densidad de electores en cada circuito electoral, las condiciones de accesibilidad de cada espacio, etc. En este sentido, se llevó adelante un trabajo de mapeo y georreferenciación de estas instituciones en relación a las necesidades de cada barrio, comuna y circuito electoral de la Ciudad, con el objetivo de ordenar la información y facilitar su consideración.
Tal como se señala en el documento, “se trata de encontrar nuevas formas de participación y de organización de las elecciones que, respetando la legislación vigente, permitan realizar un proceso electoral seguro desde el punto de vista sanitario y legítimo desde el punto de vista político y social”.
