El traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad no es un simple cambio administrativo. Es un ataque directo a la defensa de los derechos laborales. Lo que se presenta como “modernización”, no es más que una maniobra para debilitar la protección judicial de quienes viven de su trabajo.
Se crea un nuevo circuito de apelación que incorpora al Tribunal Superior de Justicia porteño como instancia previa antes de llegar a la Corte Suprema. Esto funcionará como un “filtro” más restrictivo frente a fallos favorables a trabajadores. También se pone en riesgo la aplicación de principios centrales del derecho laboral como el “in dubio pro operario” (ante la duda, a favor del trabajador) y la “ley más favorable”.
La medida es impulsada por Javier Milei en acuerdo con la gestión porteña de Jorge Macri. Trabajadores judiciales ya respondieron con ocupaciones de edificios, radios abiertas, paros y movilizaciones en defensa del fuero laboral. Denuncian que se trata de un desguace deliberado para blindar la reforma laboral y dificultar futuros reclamos judiciales.
Segun expresa La Izquierda diario, esta transferencia fue “colada” dentro de la reforma laboral como parte de un pacto político entre el oficialismo nacional y el PRO porteño. Un acuerdo exprés que, bajo la bandera de la autonomía de la Ciudad, acelera en 180 días lo que estuvo 30 años sin resolverse.
Pese a que el Poder Judicial responde a intereses de clase, las patronales y gobiernos de turno han tratado de arremeter contra la justicia laboral, poniendo jueces contrarios a los intereses de los trabajadores. Pero eso no ha impedido a la clase trabajadora a través de sus luchas (única forma real de equilibrar la relación de poder con la patronal) conquistar sentencias judiciales para defender sus derechos.
