La Ciudad de Buenos Aires informa que apelará el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5.859 -aprobada por la Legislatura porteña y oficializada a fines de 2017-, la cual fija un tope a las comisiones inmobiliarias y delega el pago en los propietarios de las viviendas.
La decisión judicial se fundamenta sobre la base de los amparos presentados por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Corredores Inmobiliarios, la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, y 75 corredores inmobiliarios matriculados.
Es importante destacar que hoy la ley tiene plena vigencia porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es quien debe definir. Además, vale aclarar que esta defensa de los inquilinos no es incompatible con el Código Civil, que regula desde una visión del derecho privado. La Ciudad lo hace desde el derecho público, es decir, protegiendo el interés público de los miles de vecinos alcanzados por un contrato de alquiler.
La ley fue promovida desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2017 con un solo objetivo: ayudar a los inquilinos en el camino del acceso a la vivienda en la Ciudad. La misma se centra en cuatro medidas:
– La comisión inmobiliaria no será pagada por los inquilinos, sino por los dueños. Esto facilitará el acceso al alquiler, ya que esta comisión, más los adelantos y los costos de la mudanza, hacían que los inquilinos tuvieran que afrontar muchos gastos de entrada. De esta manera, inquilinos y propietarios compartirán los gastos.
– Las inmobiliarias no podrán cobrar por los gastos de gestoría ni de administración.
– Los derechos de los inquilinos y de los propietarios deberán estar visibles en los sitios de Internet y en las oficinas de las inmobiliarias. De la misma manera, estarán presentes en las redes sociales y sitios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
– El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) será el encargado de velar por los derechos de los inquilinos y de los propietarios, que trabajará en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para brindar asistencia legal gratuita.
Fuente: Prensa IVC.
