El gobierno nacional tiene decidido iniciar a mediados de enero las rondas de consultas con los gobiernos provinciales, las universidades, ONG y partidos políticos para consensuar un proyecto de reforma del sistema de votación, aunque desde el oficialismo admiten los desafíos operativos que implica poner en funciones más de 120.000 máquinas electrónicas y un calendario electoral unificado.
En diálogo con Télam, el secretario de Asuntos Políticos del ministerio de Interior, Adrián Pérez, confirmó que el Gobierno tiene previsto iniciar las mesas de trabajo “para este mes”, en rondas encabezadas por el ministro Rogelio Frigerio, el propio Pérez y su equipo.
“El objetivo es mejorar el sistema electoral, hacerlo más transparente, ágil y confiable. La línea de trabajo es la boleta única, con opción a que sea electrónica, dotar al sistema de un organismo electoral con autonomía para que el asunto electoral no lo maneje el Ejecutivo y que tenga autonomía y dé más confianza a la gente”, explicó Pérez.
El ex diputado massista -que se sumó a Cambiemos a principios de diciembre tras renunciar a su banca-, dijo que, en cuanto a los organismos autónomos de control electoral, “hay muchos ejemplos, como es el INE (Instituto Nacional Electoral) mexicano, pero la mayoría de los países ha encontrado una fórmula”.
“El tercer objetivo central de la reforma es dejar de estar sobrecargados de elecciones dispersas, ordenar el cronograma respetando la autonomía de las provincias pero con menos cantidad de elecciones separadas al año”, agregó, aunque es algo que deberá consensuarse con los gobernadores (vale recordar que en varios distritos, como la Capital Federal, tienen establecido por ley un calendario diferente al nacional).
El presidente Mauricio Macri prometió durante la campaña electoral en repetidas oportunidades que las pasadas serían las “últimas elecciones” con el actual régimen de votación en caso de que él ganase, porque impulsaría la Boleta Única Electrónica (BUE) en todo el país, como lo puso en práctica en la Ciudad.
Sin embargo, desde Interior admiten que la complejidad que implica la puesta en práctica de un sistema electrónico a nivel nacional es un desafío que no puede darse por garantizado: para el segundo trimestre de 2017, el Ejecutivo debería tener resuelta la selección, licitación y compra de más de 120.000 máquinas de BUE, junto al correspondiente gigantesco operativo nacional de capacitación.
Consultado al respecto, Pérez respondió: “En principio, vamos por la BUE, tenemos los ejemplos de aplicación en Salta y la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el objetivo, habrá que ver si es con un esquema de gradualidad (pasando primero por la boleta única), pero la meta es que se pueda votar de esa forma”.
Entre las decenas de sistemas de voto electrónico que hay en todo el mundo, Pérez destacó al practicado en la Ciudad porque “brinda más confianza al tener el respaldo final de un papel” para el votante.
El equipo de Interior que estará abocado a la tarea está integrado por el subsecretario de Reforma Política, Julio Postiglioni, encargado de idear y pulir el marco legal para la reforma, y por el subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández Langan, funcionario muy cercano a al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y quien estará a cargo de preparar la ejecución y puesta en práctica.
Asimismo, las mesas de trabajo contemplarán a los partidos políticos, las universidades nacionales y ONG como el CELS, Cippec y ACIJ, y también está previsto que comiencen a ser convocadas con el correr del presente mes.
Las reformas a la ley electoral, según la Constitución, requieren de una mayoría calificada de la mitad más uno de los miembros de la Cámara de Diputados (129 votos) y no una mayoría simple, por lo cual los consensos a los que el gobierno de Cambiemos deberá arribar serán mayores, especialmente con el peronismo.