Tiene despacho Ley de defensa de la libertad de Expresión en la Ciudad de Buenos Aires
Se consensuó un despacho de mayoría sobre aportes del DNU Nº 2 del Jefe de Gobierno con propuestas de los Diputados Julio Raffo (PSur) en coautoría con Fernando Sánchez (CC) y de Jorge Selser, Pablo Bergel, Virginia González Gass, Adrián Camps (PSur) y Alejandro García (PRO). Habrá un dictamen de Minoría. El asunto se debatirá en el Recinto el jueves próximo.
En el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña esta tarde se consensuó un despacho de mayoría referido al proyecto de Ley de defensa de la libertad de Expresión en la Ciudad de Buenos Aires que tendrá tratamiento preferencial durante la Sesión Ordinaria del próximo jueves 30.
El texto, si bien pretende ser una ley autónoma respecto al DNU Nº 2/2013 enviado al Cuerpo parlamentario por el Jefe de Gobierno, contiene aspectos sustanciales de su contenido y también resume propuestas de los bloques opositores Proyecto Sur y Coalición Cívica.
Como alternativa a la norma emitida desde el Ejecutivo, los Diputados Virginia Gonzalez Gass, Adrián Camps y Jorge Guillermo Selser (PSur), mediante expediente 1296-D-2013; y Julio Raffo (PSur), con el expediente 1325-D-2013, realizaron una propuesta de redacción de un proyecto de ley para la defensa de la libertad de Expresión. En el caso de la iniciativa de Raffo el texto fue co-autoría de sus pares Fernando Sánchez (CC), Jorge Selser y Pablo Bergel (PSur). Alejandro García (PRO) por su parte había presentado el expediente 1353-D-2013 sugiriendo modificar los artículos 25 y 26 del Anexo I del DNU Nº 2/GCABA/13.
Se consensuaron aportes en torno a la definición del derecho, el alcance de la tutela, la protección del interés en la difusión de ideas de interés público, la aclaración de que la ley en ningún caso puede menoscabar la protección de los niños y las normas que combaten y castigan la trata de personas o establecen derechos de los trabajadores o el derecho de huelga.
También sobre la inexistencia de sanciones administrativas o correccionales por el ejercicio de los derechos tutelados, la protección del secreto profesional, la necesaria sujeción de los medios de comunicación radicados en la ciudad a sus normas y la imposibilidad de clausurar o suspender su funcionamiento ni decomisar sus equipos sino en virtud de sentencia firme dictada por el Poder Judicial de la Ciudad, y la imposibilidad de que leyes o actos administrativos dictados por otras jurisdicciones coarten las libertades consagradas.
Además, contempla la protección de los derechos políticos de las sociedades propietarias de medios de comunicación así como la plena vigencia de la Ley Nº 104 de Acceso a la Información y N° 2.936 de Publicidad Exterior y sus modificatorias, la jurisdicción y competencia de la ciudad en la materia, la nulidad de los actos que afecten el ejercicio de los derechos y garantías establecidos por la ley y la necesaria restitución del derecho. Finalmente refiere a la protección judicial y el auxilio de la fuerza pública para hacer cesar vías de hecho lesivas, entre otras disposiciones que han enriquecido el debate y la redacción final.
Los fundamentos del dictamen que asegura los 31 votos positivos para el tratamiento en el Recinto de Sesiones, concluyen afirmando que «se establece una clara y terminante protección al ejercicio de la libertad de expresión de ideas, informaciones, creaciones culturales, científicas, propuestas o críticas políticas o institucionales, o expresiones religiosas, así como el acceso a la información y a la cultura, vedando toda forma de censura abierta o encubierta, que proviniere de las autoridades de la Ciudad o de otras jurisdicciones, y previendo los procedimientos jurisdiccionales para que esa protección no resulte ser meramente declarativa y se realice dentro del marco armónico y determinaciones que surgen de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires».
Al cabo de la reunión que se efectuó a partir de las 10 en la oficina 420 del Palacio Legislativo, el despacho de mayoría tuvo 10 de las 15 firmas de los componentes de la comisión parlamentaria. En tanto, el legislador de la oposición Aníbal Ibarra (FPyP), adelantó que suscribirá un dictamen de Minoría.
La Comisión de asesoramiento permanente de Asuntos Constitucionales fue presidida por el Diputado Helio Rebot (PRO). Asistieron Julio Raffo (PSur) en calidad de vicepresidente segundo y los vocales Gabriela Cerruti (NE) -que se retiró al comienzo-, Alejandro García, Daniel Lipovetzky, Oscar Moscariello, Martín Ocampo, Daniel Presti, Bruno Screnci Silva (PRO), Aníbal Ibarra (FPP), María José Lubertino (FpV), Claudia Neira (BA20/21) y Fernando Sánchez (CC). No estuvieron el vicepresidente primero Juan Carlos Dante Gullo (FpV) y Francisco Quintana (PRO).
Fotos: Legislatura Porteña
