Finalmente tuvo sanción definitiva la ley que determina el traslado del monumento a Cristóbal Colón desde el frente de la sede del Poder Ejecutivo Nacional a la Costanera Norte, tal como lo establece el acuerdo entre los gobiernos de la Nación y la Ciudad.
El Convenio de Colaboración y Cooperación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional registrado bajo el N° 15142/14 estableció compromisos mutuos en lo que respecta al traslado del monumento a Colón, actualmente ubicado detrás de la Casa Rosada. Determinó que los gastos de traslado, restauración y emplazamiento sean cubiertos por el Ejecutivo Nacional, en tanto el lugar de ubicación debe ser establecido por la ciudad de Buenos Aires que asume la responsabilidad de mantenimiento y custodia luego de su efectivo traslado. «El lugar de emplazamiento propuesto en el espigón Puerto Argentino, sito en Av. Costanera Rafael Obligado frente al Aeroparque de la Ciudad, reúne las condiciones de carácter simbólico por su cercanía al Río de la Plata y su orientación hacia el viejo continente; y cumple con las característic as apropiadas para la restauración y conservación de la obra escultórica», sostienen los fundamentos de la ley.
El monumento fue una donación de la comunidad italiana al pueblo argentino y la obra fue realizada en dos tipos de mármol de carrara por el escultor italiano Arnaldo Zocchi. La iniciativa comenzó a gestarse en 1904 en la Cámara de Comercio Argentino-Italiana y terminó de construirse en 1921 en el Parque Colón. Ya desde aquel entonces era un factor de debate su emplazamiento dado que fueron los barrios de La Boca y Palermo algunos de los lugares propuestos.
La diputada Gabriela Alegre (FpV), autora del proyecto de ley, recordó los daños estructurales que sufrió el monumento y que datan del año 1955, cuando en el mes de junio fue bombardeado todo el entorno de la Plaza de Mayo a los fines de derrocar al gobierno constitucional del General Perón, y a su vez, en 1987 sufrió la colocación de una bomba de gran alcance en el marco de los levantamientos «carapintadas» contra las instituciones democráticas. Con estos antecedentes, en 2008 la Dirección Nacional de Arquitectura realizó diversos estudios sobre su estado y determinó que el riesgo estructural atentaba contra su estabilidad y recomendaba su desmontaje a los efectos de su cuidado y preservación.
La ley que determina el traslado de la obra y su lugar de emplazamiento recibió sanción definitiva tras ser aprobada en segunda lectura con 41 votos positivos, 8 negativos de los diputados Alejandro Bodart (MST), Javier Gentilini (PSur) Marcelo Ramal (FIT), Graciela Ocaña y Cristina García (CP), María Eugenia Estenssoro, Hernán Rossi y Juan Nosiglia (Suma+) y la abstención de la diputada Virginia González Gass (PSA). El despacho favorable de la Comisión de Cultura fue incluido hoy sobre tablas tras la Audiencia Pública del pasado martes 9 de septiembre en la que participaron gran cantidad de oradores, en su mayoría integrantes de la comunidad italiana que se oponen.
