La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su satisfacción ante el acuerdo alcanzado por el Gobierno para la reestructuración de unos u$s 66.000 millones de deuda en bonos emitidos bajo legislación extranjera.
La entidad entiende que este acuerdo es un logro importante en un contexto adverso signado por una doble crisis, la heredada tras cuatro años de liberalismo y la impuesta por los efectos de la pandemia global.
En este marco debe destacarse el esfuerzo del Gobierno por haber conseguido condiciones de pago que despejan vencimientos de los próximos años, ya que entre 2020 y 2024 vencían u$s 63.664 millones, de los cuales se pagarán unos u$s6.116 millones. En conjunto, los términos acordados implican que la Argentina pagará 37.7 mil millones de dólares menos a p en los próximos 10 años.
APYME confía en que estas condiciones, contando una menor presión alcista del dólar, harán posible destinar mayores recursos fiscales para paliar los graves efectos de la pandemia y al mismo tiempo enfocar los esfuerzos del Estado en ahondar medidas de fomento del consumo en el mercado interno, así como de apoyo para las inversiones productivas y el sostenimiento del empleo.
Será importante disponer mecanismos para que el eventual acceso al crédito internacional en mejores condiciones para las empresas realmente se destine al fortalecimiento de la industria local y de las exportaciones con valor agregado, donde las Pymes tienen mucho que aportar.
Debe considerarse además que aún está pendiente la negociación con el FMI por un total de u$s 44.000 millones, y que el país no puede ni debe aceptar nuevos condicionamientos en términos de políticas de ajuste o de flexibilización, que terminan precarizando el empleo y achatando la demanda, según las tradicionales recetas de organismo para los países en desarrollo.
APYME considera que es un momento oportuno para que todos los actores de la producción y el trabajo sean llamados a consensuar medidas urgentes que permitan a los sectores más perjudicados superar la crisis. Al mismo tiempo, es preciso encarar reformas de fondo como un régimen tributario más justo y equitativo, un sistema financiero al servicio del trabajo y la producción, el manejo soberano de los recursos estratégicos y, en suma, una política de Estado que asegure una más justa redistribución del ingreso y un horizonte de desarrollo productivo con inclusión social.
