La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su disconformidad ante el decreto presidencial que establece un bono de 5.000 pesos con carácter excepcional, obligatorio y no remunerativo para los trabajadores del sector privado bajo convenio.
El bono no incluye al sector público ni alcanza a los trabajadores informales (más del 40%), jubilados y pensionados, trabajadores agrarios y de casas particulares. En caso de que se hayan abierto paritarias, el monto quedará absorbido por los aumentos acordados o los que se negocien en reapertura de las negociaciones (con lo cual en definitiva será un adelanto sobre los futuros aumentos).
APYME destaca que en ningún momento se incluyó al conjunto de las entidades representativas de las Pymes en la discusión de esta medida, que perjudica a las empresas de menor tamaño y resulta irrelevante para revertir la caída del poder adquisitivo en el mercado interno.
Las Pymes deberán afrontar estos pagos en una situación de emergencia agravada por el momento del año, cuando deben pagarse medio aguinaldo y vacaciones.
Si bien el decreto especifica que actividades o sectores “en crisis o declinación productiva” podrán adecuar la implementación del bono en materia de plazos y montos, resulta impreciso el criterio de aplicación, considerando además que todas las actividades vinculadas con el mercado interno se encuentran afectadas por la recesión.
Las micro y pequeñas empresas necesitan que una medida de esta clase se aplique de acuerdo con una adecuada segmentación y con apoyo financiero a tasa cero u otras medidas efectivas de apoyo para poder hacerse cargo del pago extra.
Tal como está planteado, el bono discrimina regresivamente entre empresas, ya que iguala a Pymes con grandes empresas y sectores favorecidos por las políticas económicas. Tampoco reactiva el mercado interno ni favorece a los trabajadores, la mayoría de los cuales quedan excluidos del beneficio o lo perciben en condiciones desfavorables.
En lugar de tomar un papel activo para estimular el consumo y apoyar a la Pymes, el Estado se lava las manos y traslada el costo de la recesión y la inflación generadas por las políticas económicas a los sectores más desprotegidos, Pymes y trabajadores. Mientras transcurre esta discusión, el Senado se apresta a votar el Presupuesto 2019, donde se consagra la continuidad y profundización delas políticas de enfriamiento y ajuste de la economía.
Por el contrario, sería preciso un Estado activo y una política de reactivación industrial, redistribución equitativa del ingreso y real fomento del mercado interno para poner en marcha el conjunto de la economía y avizorar un futuro de crecimiento.
