Por Observatorio del Derecho a la Ciudad. La población no soporta más tarifazos, su implementación es de una injusticia absoluta. El sacrificio frente a esta crisis sólo lo soporta un sector de la sociedad y pone en riesgo la capacidad económica de las familias para acceder a bienes mínimos para una vida digna. Sólo sufren el ajuste las familias, las pequeñas empresas y las organizaciones comunitarias mientras las empresas del sector energético y del sector financiero siguen ganando miles de millones de pesos por año.
Tenemos un sistema energético, un mercado de alimentos y un mercado inmobiliario dolarizado o que establece los precios internos de acuerdo a los precios internacionales, mientras el ingreso familiar en pesos va detrás de la inflación y ya no alcanza para afrontar los constantes aumentos de los alquileres, los alimentos y los servicios públicos.
Por esto la devaluación del tipo de cambio en vez de generar competitividad produce una inflación de los precios internos que ahoga la economía familiar y de las pequeñas y medianas empresas.
Los aumentos en las tarifas proyectados incluso quedarán muy por encima de la inflación que el propio Gobierno estima en alrededor del 23% para el 2019.
La política del derrame nunca ha funcionado. Ahora estamos repitiendo la misma historia cíclica de la Argentina. Para atraer inversiones Cambiemos garantiza la rentabilidad en dólares de las empresas que generan energía mientras la ciudadanía tanto por la inflación como por la devaluación tiene que hacer el sacrificio de pagar los aumentos de las tarifas para garantizar los beneficios en dólares de estas empresas. Esto es incomprensible cuando las cuencas hidrocarburíferas de la Argentina se encuentran entre las más grandes del mundo.
Desde inicio del año 2016 los incrementos acumulados de los servicios públicos domiciliarios fueron, en promedio, del 2.057% en gas natural, de 1.491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable.
En cambio, las últimas cifras oficiales publicadas por el Indec informan de una caída interanual del 12,4% del salario en el sector privado y del 13,2% en el sector público. En comparación con octubre de 2015 el retroceso fue del 14,9% en el sector privado y del 18,5% en el sector público.
Por otra parte, Estadísticas de la CABA informa que el índice de precios al Consumidor en el 2018 fue de 46,8 %(Inflación) mientras el ingreso total familiar sólo incrementó un 27,3%.
El costo para acceso a los servicios públicos domiciliarios pasaron de representar un 6 % del salario mínimo al 23 %.
En Europa se considera que una familia está en situación de pobreza energética si el 10% de sus ingresos es destinado al pago de los servicios públicos. ¿Cuántas familias destinan mucho más en Argentina para afrontar las tarifas?
Para el colmo, el Estado Nacional ha provincializado los subsidios para las tarifas sociales determinando que cada provincia debe hacerse cargo a partir del 2019 del costo de las tarifas sociales, generando desigualdad y lavándose las manos de las consecuencias que esto pueda traer para la economía en las provincias y en las familias. Tan es así la despreocupación por la suerte de las familias de los sectores populares que en plena implementación de la provincialización de las tarifas sociales todo el gabinete y el presidente se encuentran de vacaciones luego de aumentarse sus sueldos. Una ética de funcionario público de muy baja intensidad.
Las familias viven la incertidumbre y la angustia diaria por no tener los recursos económicos para comprar alimentos, pagar el alquiler, las expensas o abonar los servicios. Para esto se endeuda con las tarjetas de crédito a intereses usuarios. Parece que semejante penuria no es suficiente, las concesionarias de distribución de energía están amenazando a las familias con incorporarlas en el Veraz por sus deudas. No sólo se contentan con cortarles el servicio sino también con perjudicar el crédito de las familias. La animosidad del mercado energético que se siente poderoso por el aval del Estado Nacional que no pone ningún límite.
El hartazgo de la ciudadanía se expresa en la necesidad de salir a manifestarse y reclamar por el freno a este tarifazo, por eso la convocatoria este Viernes a las 20 hs. a un Ruidazo en decenas de esquinas de la Ciudad y a Nivel Nacional.
Estamos indignados por el tarifazo, por el cierre de escuelas, profesorados y hospitales, de la corrupción del color político que sea, por el endeudamiento, por la vuelta del FMI, por los negocios inmobiliarios y las privatizaciones, por la grieta que no permite que podamos discutir verdaderas soluciones que necesita la sociedad.
El objetivo principal es frenar el Tarifazo pero también vamos por una reforma institucional que reconozca realmente la Democracia Participativa para romper con la ajenidad de la clase política a las necesidades de la población, para que no estemos constantemente pidiendo respuestas a nuestros representantes para no ser escuchados.
Todos los habitantes tienen el derecho humano a acceder a un mínimo necesario de Energía y a cada uno de los Servicios Públicos que les garantice el disfrute y goce de un hábitat adecuado y de una vida digna, con independencia de sus capacidades económicas. No debe permitirse a ninguna concesionaria que corte el servicio por falta de dinero de una familia. La Energía no es una mercancía, es un Bien Social y acceder a ella, un Derecho Humano.
