La usurpación de propiedades es un delito que preocupa a la sociedad Argentina, consultamos al Dr. Jorge Giorno presidente del Partido de la Ciudad en Acción quien al respecto opinó lo siguiente.
La supremacía de la Constitución Nacional ha quedado por el suelo, como así también la del Código Penal que acompaña el cumplimento en todo Estado de Derecho.
Según Giorno La máxima autoridad porteña adhiere a que “Es imposible pensar la convivencia democrática sin la plena vigencia del Estado de Derecho. Y como marca la Constitución en su artículo 17, la propiedad es inviolable y sólo una sentencia fundada en ley puede privar a alguien del derecho a la misma”. Tanto la Constitución y el articulo 181 del Código penal “será reprimido con una pena de prisión de seis meses a tres años quien «despojare a otro» de la posesión o tenencia de un inmueble cuando ese despojo sea «por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad.»
Giorno afirmó que afortunadamente el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considera que “Los derechos de propiedad y la seguridad jurídica sobre los mismos, son condición para el desarrollo, el crecimiento y también para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos”.
a usurpación de la propiedad de tierras e inmuebles es un delito y ultimamfente ha generado tensión entre los argentinos, fundamentalmente porque el Gobierno Nacional pareciera argumentar lo contrario.
El Gobierno Nacional no admite la existencia de esta situación como un problema, sin embargo, grosera y contradictoriamente, ofrecen una solución monetaria a este problema que no existe, en referencia a la entrega de sibsidios de parte del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof de $50.000 mensuales (hasta completar la suma de $ 300.000) que ofrecieron para desalojar las tierras, mientras tanto el Jefe del Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, respondió con un informe del Ministerio de Seguridad “una vez que la situación se define como ‘toma de tierras’ mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es que estamos ante un acto ilegal”.
Por último el presidente del Partido de La Ciudad en Acción destacó que esta situación deja en evidencia el deficit habitacional que existe en gran parte del territorio y la falta de un plan serio y sostenido para contrarestarlo
