Por Myriam Godoy Arroyo[1] y Jonatan Baldiviezo.
1. El 31 de enero pasado, se realizó la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía a los efectos del tratamiento de la porción del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que el Estado Nacional tomará a su cargo en el marco del “Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino- Esquema de Oferta y Demanda 202-2024” aprobado mediante el Decreto Nº 892 de fecha 13 de noviembre de 2020.
2. Sólo 24 personas asistieron a esta audiencia que fue convocada en medio de las vacaciones con poca difusión. Se decidió no procurar que el debate sea más amplio y más democrático considerando que esta decisión afectará a 45 millones de argentinos/as.
3. En este tipo de Audiencias Públicas, el Estado Nacional parte de un valor de gas en el PIST que no pone en discusión y que no tiene sus costos reales transparentados en ningún informe oficial. En esta audiencia se pretendió que sólo se discuta cuál será el porcentaje del valor del gas en el PIST que pagará el Estado Nacional y cuál el que pagará la ciudadanía.
4. En el inicio de la audiencia se propuso la reducción de subsidio que implicará un aumento del 91% sobre la porción que paga el usuario por el gas suministrado. Este aumento repercutirá entre el 34% y el 49% de aumento en la factura (porque en la factura se paga además el costo de transporte, distribución e impuestos). A este porcentaje deberá sumarse los aumentos propuestos para el rubro de transporte y distribución que se debatió en el ENARGAS en la audiencia del 19 de enero de 2022. Metrogas solicitó un aumento del 76% con relación al rubro de distribución. De esta forma, el porcentaje final del aumento de las facturas, por los incrementos anunciados en los costos de producción, transporte y distribución del gas, podría rondar el 70%.
5. En la Audiencia Pública se ratificó que el porcentaje del precio del gas en el PIST que pagará el Estado Nacional se reducirá. Actualmente, el Estado Nacional afronta el 70,9% del costo total del gas. Para este año, de acuerdo al presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo para el 2022, se necesitarán 81 mil millones de partidas adicionales para cubrir ese porcentaje. Por este motivo, se propone que el Estado Nacional reduzca su participación al 44,4% para no requerir partidas adicionales. Esto implica que los usuarios paguen por el gas, un precio de 11,77 $/m3, donde el costo se reparte entre la imputación presupuestaria vigente (Proyecto de Presupuesto 2022 – 135.307 millones) y los usuarios (169.873 millones), con un aumento de nivel de factura final sin impuestos del orden de entre un 34% y un 49%.
6. Este anuncio de incremento de la tarifa había sido anticipado por la número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, quién hizo referencia este domingo 30 de enero al acuerdo con la Argentina y señaló que «será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva».
7. A tres días del anuncio del nuevo acuerdo con el FMI, el gobierno nacional se desmiente de que este arreglo no implica ajuste. El incremento de las tarifas, en este contexto económico, implicará para cientos de miles de familias una presión económica considerable.
8. Más aún considerando que el gobierno nacional no anunció ninguna propuesta de segmentación del incremento de las tarifas, es decir, el incremento afectará principalmente a los sectores populares.
9. Esta reducción de subsidios e incremento de las tarifas también repercutirá en el precio de la tarifa de electricidad. Pronto habrá una audiencia por el precio de la electricidad, el 17 de febrero de 2022. El 40% de la producción del gas se usa para la producción de electricidad. El plazo de inscripción está estipulado hasta el 14 de febrero.
10. En la Audiencia Pública, de la cual participó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el IPYPP y El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, a través de Myriam Godoy Arroyo, Las personas que hicieron uso de la palabra solicitaron que se establezca una segmentación tarifaria (que no se efectivice de acuerdo a la cantidad consumida sino a los indicadores de la pobreza multidimensional) y que se realice la auditoría de las empresas productoras para conocer sus verdaderos costos, ganancias y planes de inversión. También se solicitaron obras de infraestructura orientadas hacia la transición energética. Por último, se denuncia la “negligencia productiva” de las empresas generadoras porque no realizan la producción de gas al nivel que deberían. Generan una baja de producciones intencionadas que perjudican a la ciudadanía.
11. El ministro Guzmán, en el anuncio del acuerdo con el FMI, habló del rol coordinador que el estado juega para lograr anclar expectativas. “El rol de las políticas de precios e ingresos es fundamental. Los acuerdos de precios van a tener un rol y espacio importante en el esquema antiinflacionario. Va a ser importante el trabajo entre el sector público y el sector privado que en los próximos 2,5 años, para que los acuerdos de precios ayuden a anclar expectativas y para que las políticas de precios e ingresos redunden en un aumento del salario real, del poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras de forma que se pueda fortalecer la demanda agregada y eso contribuya a darle continuidad a la recuperación económica”. Nada de esto se podrá lograr si no se realizan las auditorías a las empresas productoras para conocer sus verdaderos costos, ganancias y planes de inversión. La Transparencia Energética no puede esperar más.
