El Ministerio de Justicia anunció el viernes pasado la eliminación de 13 programas para mitigar la desigualdad de género. Esta medida profundiza un proceso de desmantelamiento de las políticas públicas con enfoque de género. Entre 2023 y 2024, el presupuesto nacional para las principales políticas de prevención y atención a la violencia de género cayó un 85%.
Se trata de 13 programas destinados a la reducción de las brechas de género y la prevención de la violencia de género. Este anuncio se enmarca en una política más amplia y sostenida, como el cierre de áreas específicas, recortes presupuestarios, subejecuciones y despidos masivos, tal como alertó recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los programas que se cerraron se encuentran iniciativas diseñadas para intervenir en situaciones críticas, como el Programa de Apoyo Urgente e Integral ante Casos de Violencias Extremas y el Programa de Fortalecimiento de Dispositivos Territoriales de Protección, orientados a prevenir y a acompañar situaciones de violencia de género.
Frente a las señales de alarma que emitieron varias organizaciones, el Ministerio justificó la medida en supuestas “deficiencias de gestión” y “falta de estrategia integral”. Sin embargo, el Estado no presentó evidencia que respalde estas afirmaciones ni demostró esfuerzos previos por corregir dichas fallas. Lejos de proponer alternativas superadoras, se optó por desfinanciar y suprimir sin más, evitando contemplar que son programas que surgieron para dar respuesta a un problema estructural que persiste y que exige presencia estatal. En 2024, en Argentina hubo un femicidio cada 30 horas, según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La decisión de discontinuar 13 programas que, según la comunicación oficial, representaban un gasto de 6.000 millones de pesos no es un hecho aislado. Cabe destacar el fuerte recorte en las partidas presupuestarias destinadas a prevenir y atender la violencia de género, especialmente en el Programa Acompañar y la Línea 144, que ocurrieron en 2024.
En este escenario, la discusión sobre el margen para asistir a las víctimas de violencia no puede quedar desvinculada de las decisiones que un Estado puede adoptar para distribuir los recursos disponibles. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los miles de millones de pesos que el Estado dejó de recaudar del impuesto a las ganancias a magistrados/as y funcionarios/as de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (en 2023 esta exención fue de 285.728 millones de pesos en valores nominales), vemos que equivale a 4,2 veces lo que costó el programa Acompañar (67.755 millones de pesos, también en valores nominales).
La eliminación sin reemplazo vulnera obligaciones claras del Estado argentino en materia de derechos humanos, establecidas en tratados internacionales con jerarquía constitucional. También ignora las advertencias de organismos internacionales, que alertan que negar la violencia de género o desfinanciar las políticas que la abordan debilita seriamente la legitimidad institucional y la respuesta pública frente a una problemática de altísima importancia.
Los recortes en materia de género no son un hecho aislado
Como ya mencionamos, resulta preocupante el incumplimiento de los deberes estatales producto del fuerte recorte en las partidas presupuestarias destinadas a prevenir y atender la violencia de género, especialmente en el Programa Acompañar y la Línea 144. Ambas políticas dependieron del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad hasta 2023, cuando pasaron al Ministerio de Capital Humano y al Ministerio de Justicia, respectivamente.
El Programa Acompañar brindaba apoyo económico a personas en situación acreditada de riesgo por violencia de género, alcanzando a más de 361.868 beneficiarias desde su creación en septiembre de 2020 hasta diciembre de 2023. En 2024, sufrió un ajuste presupuestario del 90% respecto del año anterior. Por su parte, la Línea 144, que brindó asistencia a más de 38 mil personas en 2023, experimentó una reducción del 64% en su presupuesto en 2024. Ninguna de las dos políticas cuenta con información presupuestaria disponible para el año 2025.
En contraste, el Programa de Protección a Víctimas del Ministerio de Justicia incrementó su ejecución presupuestaria un 46% entre 2023 y 2024. Sin embargo, al considerar la magnitud absoluta de los fondos involucrados, este aumento está lejos de compensar la reducción presupuestaria del Programa Acompañar y la Línea 144. En términos agregados, estas tres políticas sufrieron una caída presupuestaria conjunta del 86%. No hubo por parte del Estado una instancia de consultas previas ni brindó información sobre el futuro de las políticas a las personas afectadas.
Las políticas de género no son un “gasto”: son inversión en equidad, cuidado y protección de derechos. Como venimos señalando desde ACIJ, recortar partidas destinadas a proteger esos derechos, mientras se sostienen beneficios tributarios opacos y sin evaluación de resultados, no responde a una lógica técnica sino a una decisión política sobre qué sectores merecen ser priorizados. © ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
