La información surge de un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) en referencia a la iniciativa del Gobierno Nacional que promueve que las cadenas de supermercados estén obligadas a ofrecer hasta un 20% de sus espacios de venta a productos de pequeñas y medianas empresas y del interior del país. Además, el sondeo refleja que casi el 80 % de los consumidores ven con buenos ojos la propuesta.
Miguel Calvete, Presidente del organismo de estadísticas de consumo, detalló que el trabajo se realizó durante las últimas 48 horas en cadenas de grandes supermercados, almacenes, bocas de proximidad y autoservicios chinos, evaluando los precios de 253 productos de la canasta básica, incluyendo alimentos, bebidas, higiene personal y artículos de limpieza de grandes industrias multinacionales y cotejándolos con los precios de referencia de artículos similares producidos en pymes nacionales.
El trabajo se llevó a cabo en el ámbito geográfico de la Ciudad de Bs As, Gran Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata, recabando muestras físicas de facturación sobre distintos puntos de venta mayoristas y minoristas.
Al respecto, el sondeo reveló que “existen diferenciales de hasta un 30 % entre productos elaborados por pequeñas industrias y aquellos que producen las grandes compañías” y agregó que “la aplicación de la norma impulsada por el Gobierno Nacional permitiría no sólo que los consumidores gasten menos porque podrían optar por los artículos más económicos, sino que, además, aumentaría la competencia y obligaría a las grandes empresas a bajar los precios para no perder ventas”.
Calvete aseguró que “actualmente es casi nula la participación de los pequeños productores en las grandes superficies de ventas, porque existe una cartelización muy importante por parte de esas industrias”. En ese sentido, explicó que “hoy los supermercados desfinancian a los pequeños productores, obligándolos a bajar los precios y liberando los pagos, con suerte, a un plazo de tres meses desde la entrega de la mercadería”.
Según el directivo, “esa metodología lleva indefectiblemente a la quiebra a las pymes porque no tienen la suficiente espalda para soportar tales niveles de desfinanciamiento”. Esa situación también se resolvería con la aplicación de la nueva medida porque “obligaría a las grandes empresas a pagarle a los proveedores en un plazo máximo de 60 días”.
Ante esto, al titular de INDECOM consideró que “la también denominada Ley de góndolas pymes permitiría generar un nuevo escenario de consumo, promoviendo la convivencia de los pequeños productores en general, de los hipermercados y autoservicios de proximidad, de los representantes de las economías regionales y de las cámaras de comerciantes”, aunque reconoció que “para ello, su instrumentación deberá estar acompañada de un Código de buenas prácticas para con el sector pyme, lo cual evitaría que se produzcan abusos de las grandes cadenas de posición dominante”.
Por su parte, el estudio también reflejó que “la idea que adelantó hace pocas horas el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, goza de un altísimo nivel de aceptación entre los consumidores, siendo que el 77 % de los encuestados manifestó que está “totalmente de acuerdo con la medida” porque consideran que les entregará “muchas más opciones y mejores precios a la hora de hacer las compras”. En tanto, el 14 % señaló que “no lo convence modificar sus hábitos de consumo por productos hasta hoy desconocidos” y el 9 % restante “duda de la eficacia de la norma y considera que sólo llevará a una precarización del consumo”.
Finalmente, Miguel Calvete destacó que el relevamiento determinó que “a priori, el Proyecto del Macrismo aparece como un plan auspicioso para frenar las subas desmedidas de precios, dado que permitiría una mayor competencia, siendo que es ésta la principal herramienta contra la inflación”.
