Varios acontecimientos recientes en todo el mundo han demostrado el poder que tienen los ciudadanos en la punta de sus dedos, con el acceso a las redes sociales. Ese poder ha llegado también al mundo del llamado «software libre» que permite a cualquier persona desarrollar soluciones tecnológicas a problemas reales.
Esta filosofía se está trasladando también al ámbito de los gobiernos y las instituciones. Es decir, los ciudadanos tienen a su alcance las herramientas para obligar a sus gobernantes a rendir cuentas, pero también están dispuestos a contribuir con soluciones, cosa que han facilitado enormemente las nuevas plataformas tecnológicas.
Es lo que se ha denominado Gobierno Abierto, una doctrina política que afronta la gestión pública desde tres principios: la transparencia, la colaboración y la participación. Existe, de hecho, una alianza internacional para el Gobierno Abierto de la que ya forman parte 64 países, de los cuales 15 están en América Latina.
En la reciente la encuesta global para un mundo mejor de Naciones Unidas, casi cuatro millones de personas (cerca de la mitad de los encuestados) mencionaron la necesidad de “un gobierno honesto y que dé respuestas” en cuarto lugar, apenas detrás de una mejor educación, servicios de salud y oportunidades de trabajo.
Lo cual tiene sentido, porque se trata de exigir que el gobierno maneje honestamente y responda de manera eficaz por la gestión de los servicios de educación, salud y empleo que los consultados colocaron en los primeros lugares.
Además, como ya se dijo antes, los ciudadanos ya tienen en sus manos las herramientas para presionar a los gobernantes a cumplir con su deber. A través de las redes sociales pueden hacer escuchar su voz y exigir una respuesta rápida y adecuada del gobierno.
Abrir puertas
A nivel internacional, la Alianza del Gobierno Abierto (AGA) reúne gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que “reconocen que es más probable que los gobiernos sean efectivos y fiables si abren sus puertas a la aportación y a la supervisión pública”.
Ésto significa que los gobiernos difundan y permitan el acceso a la información relacionada con el gasto público y los servicios públicos en general. También significa que los gobiernos interactúen con los ciudadanos sobre estos asuntos y les permitan expresarse.
Los expertos afirman que el gobierno abierto es esencial para alcanzar los nuevos objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Estos incluyen la erradicación de la pobreza, así como asuntos de educación, salud y medioambiente.
El decimosexto de estos objetivos habla directamente de alentar “la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión del acceso a la justicia para todos, y construir instituciones efectivas y que rindan cuentas a todos los niveles”.
Patricia Núñez Vega
