(Observatorio del Derecho a la Ciudad) Más de 60 organizaciones sociales, políticas y sindicales, legisladores nacionales y de la ciudad de Buenos Aires presentamos una nota al jefe de Gobierno porteño para informar sobre distintas situaciones de gravedad que afectan a la población inquilina en el contexto de la emergencia sanitaria. Solicitamos en la nota que se adopten medidas concretas para garantizar sus derechos.
Desde la publicación del decreto 320/20 tomamos conocimiento de amenazas de desalojo y desalojos efectivos en hoteles familiares, pensiones, residencias y habitaciones alquiladas en viviendas familiares. También se dieron casos de intimación abierta para que las personas abandonen el lugar, como el corte de servicios básicos a las habitaciones. En algunos lugares se reubicó a personas en contra de su voluntad en habitaciones de hotel, lo que generó hacinamiento y el aumento del riesgo para la salud individual y colectiva. Estas condiciones, además, incrementan la vulnerabilidad de mujeres y niñes ante situaciones de violencia machista.
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La mayoría de estos establecimientos tiene condiciones sanitarias deficitarias, que hacen incumplibles las indicaciones de higiene y prevención necesarias en el contexto de pandemia. Además, la negativa de propietaries e inmobiliarias a cobrar a través del sistema bancario, para evadir el pago de tributos, expone a les inquilines a incumplir el aislamiento obligatorio.
