El Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría informa que el perfil de las demandas se modificó con respecto a semanas anteriores: de las 620 consultas recibidas entre el 20 y el 30 de abril, prácticamente la mitad estuvo vinculada a dificultades para afrontar el pago y al incumplimiento del decreto que protege el acceso a la vivienda durante la emergencia sanitaria.
Así, el 25% de las consultas tuvo que ver con inquilinos que terminan su contrato y se les exige firmar uno nuevo, con aumentos entre el 50 y el 100%, en violación a la prórroga por 180 días establecida por el Decreto 320/20. Las denuncian evidencian que, en algunos casos, se utiliza el decreto para proponerle al inquilino que este aumento lo pague después del 1 de octubre. En otros, le ofrecen seis meses de contrato (que es la prórroga que por derecho puede tomar el inquilino) con un aumento superior al 30% y luego “volver a conversar”.
Otro 20% de las consultas tuvo que ver con dificultades para pagar el alquiler: inquilinos que pidieron préstamos para pagar abril, que hicieron abonos parciales, o bien que sufrieron una caída de hasta el 50% de sus ingresos o que directamente perdieron su trabajo y, ante la imposibilidad de pago, piden a las inmobiliarias terminar los contratos.
La negativa a bancarizar el alquiler (o con recargos de hasta el 21% por hacerlo) y la retención indebida del depósito de garantía luego de meses de reclamos, representaron el 14% de la demanda.
Un 12% estuvieron vinculadas al deterioro de los inmuebles (arreglos, humedad, luz de obra, corte de gas).
El resto se refirieron a problemáticas tales como el pedido de autorización para mudanza, consultas por imposibilidad de pago en locaciones comerciales o profesionales sin actividad económica, el valor de las expensas, y amenazas de desalojo por falta de pago en pensiones, hoteles y residencias estudiantiles.
