En el marco de un nuevo aniversario del primer #NiUnaMenos, los legisladores porteños Cecilia Segura, Claudio Ferreño, Lucía Cámpora, Maria Bielli y Ofelia Fernández se reunieron con la madre y el padre de Úrsula Bahillo, víctima de femicidio, para conversar sobre el proceso judicial que se está llevando adelante.
El caso de Úrsula dejó al descubierto las fallas que tiene el sistema judicial para el seguimiento y acompañamiento de una persona que está en situación de violencia de género. Úrsula tenía 18 años, vivía en Rojas y fue asesinada por su ex pareja, un policía de la Bonaerense que tenía denuncias por violencia de género y una restricción perimetral. Ella lo había alertado y había pedido ayuda, pero el sistema patriarcal no la escuchó.
Bahillo fue hallada el lunes 8 de febrero de 2021 cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Matías Martínez, su ex pareja, quien se había provocado lesiones con el arma homicida.
Por el asesinato a puñaladas fue imputado y está detenido Martínez, sobre quien Úrsula y su familia ya había radicado 18 denuncias por amenazas y actos de violencia física sufridos previamente, y también de otras dos ex parejas, una de ellas por la violación de su sobrina discapacitada. Martínez tenía que estar preso por incumplir las medidas de restricción ordenadas y porque las pericias comprobaron que había abusado de una niña. Dos jueces se negaron a ordenar la detención.
En la reunión que tuvo lugar en la legislatura porteña, Patricia Nasutti y Adolfo Bahillo contaron sobre el proceso judicial que llevan adelante, las distintas faltas de respuesta por el sistema judicial que pusieron en riesgo la vida de su hija y la necesidad de un sistema judicial que contemple y garantice los derechos de las víctimas.
El observatorio Ahora Que Sí Nos Ven reveló que en Argentina entre marzo 2020 y marzo 2021, hubo un femicidio cada 30 horas y que el 5% de los agresores eran integrantes de alguna fuerza de seguridad. El 64% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas y muchas de las víctimas tenían denuncias previas y medidas judiciales en curso.
A partir del caso de Úrsula, que tuvo repercusión nacional e internacional, el movimiento de mujeres y organizaciones políticas y sociales levantan actualmente la bandera por una reforma judicial feminista, para que en nuestro país los funcionarios y funcionarias de la Seguridad y la Justicia tengan perspectiva de género en el cuidado, seguimiento y los fallos judiciales.
