La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que el Gobierno nacional mantiene totalmente paralizado el envío de fondos operativos para sus hospitales. Según informaron las autoridades académicas, y lo que explica la Agencia Noticias Argentinas, durante el primer cuatrimestre del año la ejecución presupuestaria para el área de salud universitaria fue de cero pesos, una decisión que pone en riesgo la atención médica de cientos de miles de pacientes.
Ante la gravedad del escenario, los directores de la red de hospitales han convocado a una conferencia de prensa de urgencia para este martes a las 8:30, en las escalinatas del Hospital de Clínicas (Av. Córdoba 2351, CABA).
De acuerdo con los datos suministrados por la institución, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos bajo la planilla «Hospitales». Sin embargo, la gestión de Milei no ha transferido los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que representa una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos que deberían haberse ejecutado para insumos, mantenimiento y servicios básicos.
«La administración actual está incumpliendo su propio Presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario. No es solo un conflicto administrativo; es una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente», señalaron desde la universidad.
La falta de financiamiento no solo golpea a la Ciudad de Buenos Aires, sino que sienta un precedente peligroso para todas las universidades nacionales del país, expresaron desde la casa de estudio.
Dentro de la órbita de la UBA, los seis centros afectados son: Hospital de Clínicas «José de San Martín», Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, Instituto de Tisioneumonología “Raúl Vaccarezza”, Hospital Odontológico Universitario y Hospital Escuela de Veterinaria
Esta parálisis en los fondos se suma a la tensión ya existente por la Ley de Financiamiento Universitario. Cabe recordar que dicha ley fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso en 2025 y ratificada por la Justicia tras las impugnaciones del Ejecutivo.
Al «pisar» las partidas de salud, el Gobierno estaría incurriendo en una doble falta de acuerdo a los sindicatos que representan a los docentes y no docentes: el incumplimiento de la ley específica de financiamiento y la desatención de la Ley de Presupuesto vigente.
