La Legislatura porteña inició el procedimiento de designación de una nueva/o Defensor/a. El plazo de postulación finalizó el pasado 17 de septiembre. Hubo sólo dos postulaciones. Una de ellas es la del abogado ambientalista Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante de la Defensoría de Laburantes, que fue impulsada por un colectivo de asambleas y organizaciones ciudadanas.
Esta postulación personal (como exige la normativa) se hizo en el marco de una decisión y planteo colectivo. Queremos que la Defensoría del Pueblo cumpla su verdadero rol constitucional, que la designación del Defensor/a no surja de un acuerdo macro político ajeno a los reclamos, necesidades e iniciativas del conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones. La Defensoría de la Ciudad debe ser el ámbito institucional donde se sintetice la defensa del Derecho a la Ciudad y la Democracia Urbana, y se operativice el paradigma de la Democracia Participativa y Ambiental a través de una conducción comunitaria y compartida con la red de asambleas y organizaciones porteñas.
Las asambleas y organizaciones sociales, sindicales, ambientales, feministas de nuestra ciudad venimos defendiendo nuestro patrimonio común y resistiendo la violación sistemática de nuestros derechos urbanos, ambientales y sociales. Queremos que la Defensoría del Pueblo sea el espacio institucional de las y los actuales defensoras/es de la ciudadanía, de aquellas asambleas, ciudadanos autoconvocados, colectivos que mostraron convicción en su resistencia al modelo privatista que desde hace décadas se consolida en nuestra ciudad despojándonos de nuestro hábitat urbano, nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. Queremos recuperar la Defensoría del Pueblo para defender colectivamente nuestra biodiversidad y biomasa vegetal, nuestros espacios verdes, nuestra costanera, el derecho a la vivienda, el acceso igualitario al conjunto de los servicios urbanos. Queremos desde una perspectiva de derechos discutir las políticas urbanas que nos permitan habitar, transitar y disfrutar en igualdad de condiciones nuestra ciudad. El presupuesto aproximado para la Defensoría del Pueblo es de 3.000 mil millones de pesos para el año 2021. Queremos que este presupuesto sea discutido participativamente con el conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones. Y esta es la oportunidad.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires apostó por la transición de una democracia meramente representativa a una democracia participativa y ambiental. En este marco creó en el año 1996 la Defensoría del Pueblo como parte de las instituciones que debían cumplir con este mandato. A casi 25 años de la sanción de la Constitución (el 1 de octubre es su aniversario), la democracia de la ciudad se asemeja más a una monarquía inmobiliaria que a una democracia participativa. El Jefe de Gobierno controla políticamente la Legislatura, la Auditoría, el Consejo de la Magistratura, dos de las tres cabezas del Ministerio Público (Fiscalía y la Asesoría Tutelar). La Defensoría del Pueblo ha adoptado el rol de mediador cuando los derechos humanos, sociales, ambientales y urbanos no deberían ser moneda de negociación.
La vitalidad democrática de nuestra ciudadanía y sus organizaciones nos permitió organizarnos para impulsar campañas como “Es Nuestra Buenos Aires”, “No Vendan la Ciudad”, “Asamblea Ciudadana”, “Campaña por una Carta del Derecho a la Ciudad”, “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, “Costanera Verde y Pública”. En los últimos años hemos generado movilizaciones ciudadanas urbanas de gran magnitud y coordinación, por ejemplo, los ruidazos contra el Tarifazo en 2018, la discusión del Código Urbanístico y la actualización del Plan Urbano Ambiental (2016-2021), la defensa de la Costanera (2020-2021).
Fuimos capaces de evitar que se privaticen más de 100 hectáreas de tierras públicas, lograr nuevas plazas, de forzar la democratización de la discusión de la planificación urbana, frenar desalojos, conseguir mejora de servicios públicos y acceso a soluciones habitacionales para sectores vulnerados, frenar torres ilegales y obras que iban a destruir nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio arbóreo, etc.
En definitiva, tenemos un recorrido mancomunado de defensa de la ciudad en todas sus dimensiones y por esta dignidad ganada, la Defensoría del Pueblo debe estar en manos de esta comunidad de asambleas porteñas de gran vitalidad para que cumpla su verdadero rol de defensa de derechos y profundización de la democratización de la ciudad.
Ante la vacancia de Defensor/a del Pueblo, está abierta la posibilidad institucional para realizar una crítica política a la forma de designación y actual rol de la Defensoría del Pueblo. También para plantear, a los 25 años de la sanción de la Constitución, que el poder público está capturado por un sector político inmobiliario que impide que los derechos y la democracia participativa ambiental se ejerciten y desarrollen.
La Ciudad de Buenos Aires vive una crisis económica, sanitaria, habitacional, social y ambiental. Lo público y lo común se están extinguiendo y estamos perdiendo definitivamente nuestra identidad ribereña y cultural.
