La política de integridad de la Ciudad fue recientemente institucionalizada por la Ley 6357, que aprueba el Régimen de Integridad Pública, y fue impulsada por la legisladora Cecilia Ferrero (Coalición Cívica). La norma contó con el aval de todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio y la gran mayoría del espectro opositor, entre ellos el Frente de Todos.
La ley establece que por cada poder del Estado funcionará una Oficina de Integridad Pública de manera descentralizada y autárquica, un requisito ampliamente reclamado para estos organismos por la sociedad civil y que respeta las mejores prácticas internacionales en la materia.
