«Las grabaciones son destruidas una vez transcurridos sesenta (60) días corridos desde su captación, mientras que no deberán destruirse las grabaciones que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.”, indica el nuevo artículo 11 de la Ley N° 2.602.
La Ley N° 2.602 regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y su posterior tratamiento, estableciendo específicamente el régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de grabación y uso de las imágenes.
La modificación introducida este jueves tiene por finalidad modificar el plazo de destrucción. Estadísticas de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, revelan que de los 6.883 requerimientos de causas judiciales que ingresaron durante el primer cuatrimestre del año 2014, se puede observar que el 97,5 % de las mismas ingresaron antes de los 60 días corridos al momento de ingreso de la solicitud. Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina, dispone el mismo plazo de guarda, es decir 60 días, para las grabaciones correspondientes a los cajeros automáticos.
La propuesta del diputado Daniel Presti (PRO) tuvo despacho de la Comisión de Seguridad en el que también se argumentó que «El sistema de videocámaras no permite programar la grabación de imágenes para días hábiles, sino que por el contrario, el sistema sólo permite asignar una capacidad de almacenamiento por cámara para cubrir los días requeridos en forma corrida. De esta manera, con la modificación de la Ley N° 2.602 se estaría agilizando la labor de proceso para la guarda de imágenes optimizando la utilización de los recursos tecnológicos disponibles».
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