Juan Carlos Juárez, Secretario Nacional del GEN y especialista en materia de Seguridad Social, aseguró que la firma del convenio con las industrias farmacéuticas, que se celebró hace más de una década, eliminó las auditorias de farmacia y fomentó el sinfín de irregularidades que fueron detectadas y denunciadas por la actual gestión.
La nueva administración a cargo de Carlos Regazzoni realizó un exhaustivo relevamiento que determinó que, desde hace varios años, el PAMI viene pagando, a través de descuentos totales o parciales, la compra de medicamentos de afiliados fallecidos por unos $ 500 millones anuales. Luego, los remedios eran revendidos en el mercado negro a clínicas y farmacias.
El mecanismo, que funcionó durante la administración del kirchnerista Luciano Di Césare, se transformó en un circuito que crecía mes a mes en base a la falta de controles internos.
Al respecto, Juárez, quien durante mucho tiempo se desempeñó a cargo del área de control de la obra social de los jubilados y pensionados, aseguró que “al no haber auditorías, no se cruzaba el padrón de afiliados con el registro de fallecidos, había médicos que fraguaban las recetas o eran víctimas de esas falsificaciones y, en muchos casos, había connivencia de las farmacias y hasta de la propia industria”.
Para el referente del GEN, está claro que “hubo una red de corrupción enquistada desde el propio Gobierno Nacional que se fue extendiendo a distintos sectores de la estructura interna del PAMI, para cometer un fraude que ocasionó pérdidas de casi el 30 % del presupuesto del organismo”.
El también ex Gerente de Investigaciones Administrativas de ANSES celebró que esos ilícitos hayan salido a la luz y reclamó que “ahora se debe dar con todos los responsables”. Sin embargo, manifestó la necesidad de que “vuelvan inmediatamente a instrumentarse todos los mecanismos de auditorías para evitar que se repitan hechos fraudulentos como los denunciados”.
Finalmente, Juan Carlos Juárez se mostró dispuesto a aportar todo su conocimiento y experiencia “para evitar que se siga saqueando la obra social” y así poder recuperar las prestaciones de los servicios que merecen todos los jubilados”.
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