La Legislatura de la Ciudad aprobó el Presupuesto nacional de gastos y recursos para la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa corresponde al 2024 y está estimado en un monto de casi 5,8 billones de pesos ($5 billones 776 mil millones).
Previamente, el cuerpo parlamentario aprobó una última adecuación del Presupuesto 2023, al que se le adicionaron más de $300 mil millones por incrementos salariales del personal de la Ciudad y mayores costos de insumos y equipamientos para salud, educación, seguridad y asistencia social. Esos costos mayores se cubrirán con más recaudación impositiva, no tributaria, transferencias y montos de coparticipación.
Como es norma, junto al cálculo de ingresos y egresos para el año próximo, se debatió y aprobó la nueva ley tarifaria que regirá en el ejercicio 2024, con las respectivas modificaciones al Código Fiscal. Allí se determinan porcentuales y alícuotas de impuestos, tasas y demás contribuciones.
El presupuesto y sus proyectos inherentes se convirtieron en leyes con 32 votos positivos del interbloque Vamos Juntos – UCR y la oposición de 26 diputados de los demás bloques.
A su vez, no se prevén nuevos impuestos ni incrementos en las alícuotas, las que podrán ajustarse -como concepto general- en relación con la inflación. Y sin superar los topes de los índices oficiales de incrementos de precios.
El impuesto inmobiliario y la tasa retributiva de servicios (ABL) se adecuarán de manera que ningún vecino tenga alzas por encima del IPC de la Ciudad. Respecto de las patentes automotores, se harán bonificaciones para que los montos a pagar no superen en su aumento dicho índice IPC. Y en cuanto a otros tributos y gravámenes no tributarios, montos fijos y límites de exenciones, se aplicará un tope de ajuste por inflación del 127%, basado en los índices inflacionarios nacionales.
El cálculo de gastos y recursos se prevé como superavitario en el resultado económico primario y también positivo en lo financiero.
Más del 45% de lo presupuestado corresponde a salarios del personal y, respecto de los sectores de la administración, los denominados Servicios Sociales absorben más de la mitad de las erogaciones (26,5% en Salud; 31,5% a Educación; Acción Social 15,6%, entre otros). Justicia y Seguridad son los otros grandes segmentos por cantidad de créditos asignados.
En cuanto a los ingresos, la mayor fuente de recaudación es el impuesto a los Ingresos Brutos (76%); luego se prevé 4,9% por Sellos, 4,6% por Inmobiliario y 3,5% por patentes automotores. Las transferencias a recibir por coparticipación federal se estiman en un 10% de los ingresos totales y luego se suman los recursos no tributarios (tasas, derechos, multas) y la toma de deuda, de menor incidencia.
Del informe que el Poder Ejecutivo acompaña en el proyecto presupuestario enviado a la Legislatura se puede conocer la incidencia de cada sector o actividad en la conformación del producto bruto general de la Ciudad de Buenos Aires: Comercio (15%), Actividades Inmobiliarias y Empresariales (19,1), Industria Manufacturera (10,4), Actividades Financieras (11,2), Transporte y Comunicaciones (9,8), Servicios de Salud, Educación y Sociales (8,9), Construcción (5,5%), Economía Primaria (1,2). El resto corresponde a la administración pública y otras actividades.
Designación de Jueces, Consejeros y Auditores
Los diputados de la Ciudad aprobaron designaciones correspondientes a la Auditoría General de la Ciudad, al Consejo de la Magistratura y a tres juzgados. Las juras correspondientes se realizaron en el recinto de sesiones.
Como auditores generales fueron designados y asumieron sus compromisos: María Inés Gagliardi (presidente), Juan Calandri, Pablo Clusellas, José Luis Giusti, Patricia Alejandra Cáceres, Jorgelina Marisa Carnevale y Lisandro Mariano Teszkiewicz.
Como representantes titulares del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura se nombraron y juraron: Manuel Ignacio Izura, Luis Esteban Ducastella Arbizu y María Lorena Clienti.
En tanto que, como juezas de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, se aprobaron los siguientes nombramientos: Alicia Baridón Gómez, Bárbara Moramarco Terrarossa y Laura Beatriz De Marinis. Y como asesora tutelar del fuero, juró Paula Iriel Vaca.
