Segùn el Diputado Alejandro Bodart, el trabajo en negro aumentò. Los datos surgen de un sondeo realizado en la Ciudad de Buenos Aires por el Observatorio de la Izquierda al Frente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio pasado en referencia al mismo período de 2016. Los despidos, la caída de las pymes y la inestabilidad económica favorecen la precariedad contractual. Alejandro Bodart, precandidato a Diputado Nacional por el MST en la Izquierda al Frente, detalló que el trabajo se realizó en base a un cuestionario elaborado sobre unas 3722 personas encuestadas en vía pública y unas 224 pymes de la Capital Federal.

Sobre el total de las firmas encuestadas, puntualmente el estudio se ejecutó sobre un 51 % de empresas de comercios y servicios, un 14 % del sector metal mecánico, un 11 % del ámbito textil, un 10 % del rubro gastronómico, un 9 % del área de producción de plásticos y un 5 % ligadas a la marroquinería. En cuanto a las personas físicas, el sondeo tomó muestras del segmento de trabajadores activos que va de los 18 a los 65 años.
En ese sentido, el relevamiento arrojó que el 22,3 % de las empresas confirmaron que modificaron el régimen de contratación y que el 26,4 de los trabajadores encuestados confirmaron que fueron precarizados en los últimos 180 días.
Al respecto, el informe de Izquierda al Frente detalla que un 9,3 % de las pequeñas y medianas empresas consultadas reconocieron que durante los últimos seis meses pasaron entre 2 y 4 empleados promedio al régimen informal, eliminando las cargas impositivas y tributarias que les correspondían cuando esos trabajadores estaban incluidos en el régimen laboral. Además, el 13 % de las pymes afirmaron que celebraron con ese mismo promedio de empleados contratos de prestación de servicios trimestrales o semestrales a cambio de exigirles la inscripción en el régimen del monotributo.
Sobre ese total de pequeñas y medianas empresas, “el 32,2 % afirmó que lo hicieron para evitar la suspensión de los trabajadores, el 47,6 % para no despedirlos y 20,2 restante para no llegar al quiebre definitivo”. los datos del sondeo son reveladores porque las pymes son las dadoras del 80 % del empleo en general y de más del 90 % del empleo informal del país.

Prensa Alejandro Bodart
A su vez, el 36,4 % de las personas consultadas reconocieron que se quedaron “fuera del régimen de trabajo registrado en lo que va del año”. De ese total, un 19,3 % aseguró que perdió su fuente laboral en el ámbito público, y un 17,1 % afirmó que lo echaron de su empleo en el sector privado. En tanto, entre ellos, un 41,6 % de los consultados reconoció que volvió a insertarse en el mercado laboral, pero destacaron que lo hicieron bajo condiciones informales, mientras que el 58,4 % restante afirmó que aún sigue sin empleo.
Los datos relevados también dan cuenta de “una baja del 38,5 % en la evolución de los trabajadores cotizantes que permanecen registrados, es decir, aquellos que deberían haber obtenido aportes patronales en esos meses”. En el caso de las pymes, el 33,1 % reconocieron que deben todos los aportes jubilatorios y de obras sociales, y el 66,9 por ciento restante reconoce que adeuda varios períodos y que especula con la posibilidad de adherirse a una moratoria en lo que resta del 2017”.
En la mayoría de los consultados, los pequeños empresarios afirmaron que dejaron de pagar las cargas sociales “como mecanismo de financiamiento”.
Según Bodart, estos datos muestran que “en los primeros seis meses de este año se registró uno de los peores comportamientos del mercado de trabajo de los últimos años, ya que a la desocupación se suman las suspensiones, los incumplimientos en los aportes y la caída del empleo registrado”.
Además, el dirigente aseguró que “si se compara con lo sucedido en años anteriores, se vive una situación de tal magnitud que no se registraba desde el 2001”.
En ese sentido, agregó que “la grave crisis que cruza al país exige medidas de emergencia para proteger el empleo y prohibir el trabajo precario” y planteó que su propuesta “es prohibir los despidos por ley y reducir la jornada a 6 horas para que haya trabajo para todos, sin rebaja del salario y con un mínimo de $ 25.000”.
Finalmente, Alejandro Bodart explicó que “eso es perfectamente posible si se afecta el bolsillo de los poderosos, suspendiendo el pago de la deuda externa y gravando la renta financiera y a las corporaciones”, y concluyó diciendo que “esos fondos, incluso, alcanzan para ayudar con subsidios a las pequeñas empresas que tienen dificultades para cumplir”.

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Por otro lado, en una charla con vecinos del Barrio Rivadavia, en el Bajo Flores, el candidato a diputado nacional por Capital Alejandro Bodart (Izquierda al Frente) presentó su primer spot de campaña y refutó las declaraciones de Macri: «La ‘mochila que nos hunde’ son él y su ajuste. Cuando habla de ‘bajar costos’ se refiere a los salarios, pero el gran ‘costo’ que hay que afectar en este país son las ganancias de las corporaciones.»
En el spot para los espacios oficiales de TV, Bodart explica su propuesta contra la precarización laboral: jornada de 6 horas y salario de $ 25.000. Un grupo de jóvenes ve un afiche en la calle con dicha propuesta y se preguntan si se puede. «¿Por qué no? Quiero tener tiempo para mí, estudiar…», dicen. Entonces en otro plano aparece Bodart, que explica cómo financiarla: «Con un impuesto a la renta financiera y suspendiendo el pago de la deuda externa sobra plata para estas medidas. Y si una pyme no puede, el Estado apoya.»
Tambièn, sobre otro temas, Alejandro Bodart, quien inició su campaña con una charla con la lista opositora de Sanidad, el gremio que lidera Héctor Daer, titular de la CGT; refutó las acusaciones del gobierno contra la izquierda sobre Pepsico.
“Nosotros estamos con los trabajadores; Macri y Vidal, con las multinacionales. Vamos a movilizar contra los despidos y la represión en Pepsico. Una de nuestras propuestas centrales es declarar la emergencia laboral y reducir la jornada a 6 horas para preservar y ampliar el empleo”, afirmó el precandidato a Diputado Nacional por la Capital Federal de Izquierda al Frente”.
El dirigente, quien ayer también participó de la conferencia de prensa de los despedidos de Pepsico en el Congreso, agregó que “la burocracia de la CGT es funcional al Gobierno y habla de hacer algo recién el 22 de agosto, porque Cristina ordenó no hacer olas antes de las PASO”.
Finalmente, Bodart señaló que apoyan “a los delegados y comisiones internas combativos, proponiendo la democracia sindical y que después de cumplir dos mandatos, como máximo, todo dirigente vuelva a trabajar.”