La iniciativa elaborada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad busca potenciar el valor productivo de los barrios populares, organizar las bases de su actividad a través de la generación, el desarrollo y la sostenibilidad de miles de puestos de trabajo.
“Para nosotros la mejor política social es el trabajo. Por eso buscamos fortalecer el desarrollo productivo de la economía popular, que involucra hoy a cientos de miles de personas en la Ciudad. Esta ley otorgará herramientas para que este sector pueda crecer e integrarse a las cadenas de valor y así generar trabajo de manera sostenida», destacó la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore.
Por su parte, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, sostuvo: “Estamos convencidos que el trabajo es la principal herramienta para el progreso. Y en la Ciudad hay miles de familias con energía y voluntad para emprender un negocio, abrir un local o comenzar un emprendimiento. Cuando promovemos el desarrollo productivo de un barrio, contribuimos a que crezca la Ciudad. Los vecinos necesitan y quieren trabajar y nosotros queremos acompañarlos y garantizar que haya más oportunidades. La Ley de Economía Social y Popular es un paso más hacia una Ciudad igualitaria.”
El proyecto de ley presentado hoy en la Legislatura porteña, surge de la identificación de los sectores de la Economía Social y Popular con mayor potencial para crecer e integrarse a las cadenas de valor de la Ciudad, pero que hoy se encuentran funcionando por debajo de su potencial, en la informalidad o con barreras sistémicas que limitan su crecimiento: el acceso al financiamiento, el desarrollo de su capacidad productiva y pocos canales de comercialización.
“Este proyecto de ley es una primera iniciativa para reconocer el valor de la Economía Social y Popular, derribar algunas de las barreras estructurales que enfrenta, potenciar su valor productivo, organizar las bases de su actividad e incorporarlas al ecosistema económico de la Ciudad”, sostuvo Migliore.
El proyecto establece la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que contempla a sectores como la actividad textil, elaboración de alimentos, logística, cuidados, construcción, comercio y de la economía verde, que tienen la capacidad de crecer y desarrollarse en el mediano plazo.
Este registro posibilitará a los inscriptos participar de los procesos de compras públicas del Estado a partir de la introducción de incentivos, buscando fortalecer las capacidades para su desarrollo autónomo luego del estímulo inicial. Podrán acceder a financiamiento mediante un programa que será lanzado a través del Banco Ciudad, el cual otorga líneas de crédito que les permitirá aumentar su capacidad productiva.
Además, se dispone la creación de un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas de la Economía Social y Popular la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiamiento.
La iniciativa también plantea beneficios impositivos para facilitar la formalización laboral, generando un marco gradual y sustentable. Se propone una exención de ingresos brutos por un plazo de hasta 3 años.
“Estamos planteando un cambio de paradigma focalizado en impulsar el desarrollo productivo. Es necesario construir un marco normativo que acompañe a las trabajadoras y a los trabajadores populares que permita reconocer el valor que producen, achicar las brechas de desigualdad y generar desarrollo de abajo hacia arriba”, finalizó la ministra María Migliore en su presentación.
