Diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en justicia dirigieron una nota a cada Senador y Senadora de la Nación exigiendo que asuman su responsabilidad institucional y rechacen los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, designados inconstitucionalmente como jueces de la Corte Suprema mediante el Decreto 137/2025. Allí señalan que “el Senado puede y debe revertir los nombramientos en comisión”.
El documento, firmado por Amnistía Internacional, ACIJ, CELS, ELA, INECIP y Poder Ciudadano, cuestiona lo sostenido por el Gobierno Nacional respecto de que, aun con el rechazo del Senado, los nombramientos seguirían vigentes hasta fin de año. Por el contrario, señalan que la jurisprudencia de la Corte y la doctrina nacional, incluso la citada por el propio Ejecutivo en su decreto, fueron unánimes en establecer que un rechazo expreso del Senado pone fin de inmediato a los cargos. En la nota, las organizaciones ponen a disposición de cada Senador/a los antecedentes jurídicos que dan sustento a que hagan uso de esa facultad constitucional.
“El Senado tiene la herramienta más efectiva para frenar esta intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial: el rechazo inmediato de los pliegos. Cualquier dilación o inacción se convertirá en una omisión inaceptable que legitima este atropello institucional”, afirmaron las organizaciones firmantes. También recordaron que García-Mansilla y Lijo aceptaron estas designaciones ilegítimas, uno a través de la jura y otro con su pedido de licencia como juez federal.
El decreto presidencial no solo vulnera el mecanismo constitucional de designación de jueces, que exige el acuerdo del Senado por dos tercios, sino que también desnaturaliza la Constitución Nacional, al convertir un procedimiento excepcionalísimo en una alternativa ordinaria de designación de jueces. Avalar este mecanismo abriría un precedente riesgoso para la institucionalidad democrática.
Ese riesgo es inmediato: un tercio de los juzgados, además de la Procuración General, la Defensoría del Pueblo y, a partir del próximo año, la Defensoría General, están vacantes. Junto con la Corte, son las cabezas de todos los órganos vinculados a la Justicia que prevé la Constitución. Si se acepta la interpretación del Gobierno, esta podría invocarse para justificar designaciones presidenciales sin control del Senado en todos esos cargos.
“Si el Senado convalida esto, por acción o por omisión, estará habilitando que cualquier Presidente pueda designar jueces y altos funcionarios judiciales a su antojo, sin necesidad de construir los consensos requeridos por la Constitución”, advirtieron las entidades firmantes.
Las organizaciones también señalaron que desde la postulación de los candidatos existían razones para el rechazo de los pliegos, pero ahora esa necesidad es imperiosa, porque lo que está en juego es la vigencia de los equilibrios constitucionales en la conformación del Poder Judicial y la independencia del Máximo Tribunal de nuestro país.
Finalizaron advirtiendo que el Poder Ejecutivo avanzó con este acto inconstitucional pero el Senado tiene la oportunidad de defender su autoridad política: “Si no lo hace, la división de poderes y la independencia judicial sufrirán un daño de largo impacto y difícil recomposición”.
