El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri oficializó la ampliación de la “prioridad porteña”, un esquema que otorga preferencia a los residentes de la Ciudad de Buenos Aires en el acceso a servicios públicos, extendiéndolo más allá del sistema de salud a todas las áreas del Estado local.
A partir del decreto, los vecinos de Ciudad de Buenos Aires tendrán ventaja frente a bonaerenses y extranjeros para obtener turnos, vacantes o cupos en servicios públicos. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca “ordenar la atención” y priorizar a quienes viven y tributan en el distrito.
No obstante, la normativa contempla excepciones: no se aplicará en emergencias sanitarias ni en áreas sensibles como seguridad, donde la atención seguirá siendo universal sin distinción de residencia.
De este modo, la decisión generó un fuerte cruce con la Provincia. El ministro bonaerense Carlos Bianco calificó la medida como “discriminatoria” y cuestionó que se limite el acceso a servicios en la capital del país, señalando la interdependencia entre la Ciudad y la provincia.
En ese marco, desde la gestión de Axel Kicillof advirtieron que, si se profundizan estos criterios, podría abrirse un debate más amplio sobre la distribución de recursos y el rol de la Ciudad como Capital Federal, escalando la tensión política entre ambas jurisdicciones.
