El Cuerpo Parlamentario de la Ciudad de Buenos Aires aprobó sobre tablas una declaración ante la decisión de la justicia de Cámara provincial que anuló los comicios.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó este jueves «su beneplácito por el fallo de la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Tucumán que anuló los comicios realizados el 23 de agosto y ordenó al Poder Ejecutivo Provincial realizar una nueva convocatoria a elecciones».
El proyecto impulsado por los diputados Cristian Ritondo -Vicepresidente Primero del Cuerpo- Alejandro García, Héctor Huici, Carmen Polledo y Helio Rebot (PRO) fue incorporado a los temas sobre tablas por solicitud de la presidenta de la primera minoría, diputada Polledo (PRO). Tanto la habilitación como la aprobación se obtuvo por 37 votos positivos, 15 negativos y 2 abstenciones de Gabriela González Gass y Adrián Camps (PSA). Después de un extenso debate, la definición por sistema electrónico resultó de 36 votos afirmativos (PRO, CC, CP, BC, SUMA+, FR), 14 negativos (interbloque FpV) y dos abstenciones (PSA).
Como es de conocimiento público en la víspera el fallo, con la firma de los magistrados Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek de la provincia de Tucumán, declaró la nulidad de las elecciones en el marco de un amparo iniciado por el frente Acuerdo para el Bicentenario.
En los fundamentos del proyecto de declaración que trató este jueves el Cuerpo Parlamentario porteño se mencionó que «resulta imperioso volver a destacar que el sufragio universal hace a la substancia del Estado constitucional contemporáneo. El derecho a votar libremente por un candidato de su propia elección es esencial para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y toda restricción o menoscabo de este derecho, resulta contradictorio contra la representatividad como característica fundamental de una República».
«Como lo ha expresado el fallo en cuestión con absoluta claridad, el sufragio universal hace a la substancia del Estado constitucional contemporáneo. Todo otro sistema electoral niega la igualdad de los ciudadanos y su función es hacer posible el gobierno del pueblo o de una de sus mayorías, aproximando el ideal democrático a la realidad de la vida. En este orden de ideas, hay sobrada doctrina y jurisprudencia que avala que los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. En esta oportunidad, la Justicia entendió que ese derecho había sido vulnerado», concluyen.
