Por Redacción iJudicial . El titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n.° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, Gonzalo Rua, convalidó el desalojo del establecimiento comercial ubicado en Capitán General Ramón Freire 2362, de esta ciudad; y dispuso la clausura preventiva del geriátrico denominado «Residencia Freire SRL», por razones de salud y seguridad pública. Todo esto en el marco de los autos caratulados «Larrosa, José María sobre 74 a)- violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa», Expte. 38389/2019-0.
El magistrado recordó que «la presente causa tuvo inicio el 26 de abril del corriente cuando personal del Departamento de Emergencias Policial se constituyó en el domicilio referido y pudo constatar que el mismo se encontraba funcionando pese a la clausura administrativa que pesa sobre aquel desde el año 2011″. Fue así que el 29 de agosto, se pudo constatar que continuaban desarrollando actividad, lo que generó incluso el labrado de un nuevo acta contravencional, ello en tanto se verificó el ingreso de cuatro nuevos alojados en el lugar, pese a encontrarse clausurado por la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y por tanto, se intimó a la reubicación de los internos de manera inmediata.
Finalmente, el 30 de octubre se pudo desalojar en su totalidad, tapiar, colocar fajas de clausura y soldar las rejas exteriores. Fue entonces que la Fiscalía solicitó la clausura preventiva, a lo que hizo lugar el titular del Juzgado n.° 6. Al respecto, concluyó que «los hechos contravencionales que aquí se investigan sin duda constituyen un riesgo a la salud pública, ello en tanto los presuntos contraventores, con su accionar reiterado, han posibilitado, durante todo este tiempo, que el establecimiento de marras continuara desarrollando actividad, pese a encontrarse clausurado administrativamente en virtud de graves infracciones allí constatadas».
«La ardua e incesante tarea desplegada por los responsables del geriátrico para sortear las medidas tanto administrativas como judiciales impuestas y así evadir el accionar judicial y continuar ejerciendo una actividad riesgosa -como es el cuidado de una cantidad considerable de ancianos-, pese a la vigencia de la clausura que sobre aquél domicilio pesaba desde el 2011″, según indicó, resolvieron su decisión de ordenar el allanamiento. Y señaló que «existieron un total de nueve disposiciones -actualmente diez de la DGFyC -mediante las que se fueron ampliando los motivos de clausura administrativa».
Para resolver, Rua tuvo en cuenta «los antecedentes judiciales que registran los aquí imputados por violar las clausuras administrativas recaídas sobre la explotación comercial en cuestión, conductas por las que tanto Larrosa como Córdoba ya fueron condenados en el pasado por este Juzgado y el Juzgado PCyF n.° 31, respectivamente, pese a lo cual persistieron en su accionar, motivando así el inicio de este nuevo caso contravencional».-
