La Nación se opuso a una propuesta que fue promovida en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para iniciar la creación de un acuerdo internacional en contra de delitos ambientales organizados, como el tráfico ilícito de animales y plantas, la minería no autorizada y el comercio ilegal de madera.
1. La ONU avanza contra el crimen ambiental organizado: por primera vez, 83 países respaldaron una iniciativa para elaborar un protocolo internacional contra delitos como el tráfico de fauna, la minería ilegal y el comercio ilegal de madera. El objetivo es fortalecer la cooperación entre países para combatir estos delitos. Argentina, Israel, Venezuela, Japón y Estados Unidos votaron en contra.
2. Contaminación y desigualdad ambiental: casi 2 de cada 5 personas estuvieron expuestas a niveles peligrosos de ozono durante los primeros ocho meses de 2026, según Copernicus. Este contaminante puede afectar la salud, los cultivos y los ecosistemas.
Mientras tanto, un informe de Oxfam advierte que el 0,1% más rico del planeta, unas 8 millones de personas, genera más emisiones de carbono que los 3.500 millones más pobres juntos. Según el estudio, una sola persona de ese grupo contribuyó casi 400 veces más a las olas de calor extremas actuales que alguien de la mitad más pobre del mundo.
Además, quienes tienen más recursos pueden protegerse mejor frente a las catástrofes climáticas, mientras que las poblaciones más vulnerables suelen perder sus viviendas, cosechas y medios de vida, con menos posibilidades de recuperarse.
3. Europa busca definir quién se hace cargo ante una catástrofe climática: después de las inundaciones de Valencia en 2024, la Comisión Europea propuso que los países establezcan claramente qué autoridades deben prevenir, alertar y actuar frente a inundaciones, incendios, sequías y olas de calor.
La iniciativa busca evitar, segùn un interesante informe de Econews, que las responsabilidades entre gobiernos queden poco claras en medio de una emergencia. Por ahora, es una propuesta y no una ley vigente.
