La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que a partir del 1º de abril comerciantes, prestadores de servicios y profesionales que operan con consumidores finales están obligados a aceptar pagos a través de tarjetas de débito
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) considera que la medida en sí, de implementarse adecuadamente, puede resultar una herramienta válida para impulsar las ventas, beneficiar al consumidor y facilitar la formalización de la actividad.
No tendrán mayores problemas para adecuarse a su aplicación negocios establecidos, con antigüedad y ubicados en zonas comerciales. Sin embargo, debe considerarse al vasto universo de negocios pequeños, micro, barriales, emprendimientos, jóvenes profesionales y todos aquellos segmentos de baja facturación comprendidos en la norma y a los que no se contempla como exceptuados, hecho que debería considerarse en las condiciones que establece la disposición de AFIP.
Para quienes trabajan en la línea de la subsistencia, resulta desproporcionado afrontar un costo mensual por el posnet (lector de tarjetas). Además, su utilización requiere teléfonos, en su mayor parte celulares, lo que trae dificultades extra y un costo adicional para el comerciante o prestador de servicios que se ve forzado a desempeñarse en condiciones precarias.
Además, estos segmentos deben afrontar la misma tasa (del 1,1% para operaciones al contado) que los negocios establecidos y grandes cadenas de ventas minoristas. Esta tasa no tiene justificación salvo por la conveniencia de los bancos, que acreditan las operaciones a las 72 horas con el antedicho descuento en lugar de hacerlo dentro de las 24 horas.
APYME considera que la medida de AFIP no puede aplicarse “a todos por igual” sino equitativamente. Es preciso establecer un claro criterio de segmentación para que un potencial beneficio para todos no perjudique precisamente a los negocios chicos, barriales, cuentapropistas y profesionales, indispensables para sostener la actividad económica local.
La norma actual desconoce tal realidad, lo cual agravará aun más la situación fiscal de las Pymes, que ya vienen padeciendo incremento de tarifas, ahogo financiero y fuerte caída de la demanda, reclamos no escuchados por las autoridades.
