El fiscal Aníbal Brunet dio intervención al área de informática del Cuerpo de Investigaciones Judiciales en la causa que investiga las amenazas sufridas por el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, por parte de dos corredores inmobiliarios. Asimismo, se intenta establecer si el Presidente del Colegio Profesional Inmobiliario facilitó los medios a los imputados.
Los mensajes intimidatorios y agraviantes se concretaron a fines de mayo en un grupo de Facebook que reúne a 6 mil inmobiliarios porteños. En ese momento, dos usuarios difundieron el domicilio particular de Gervasio Muñoz y e instaron a “visitarlo” y “mandarle un presente”. Oportunamente, la denuncia fue radicada en la Unidad Fiscal Oeste de la Ciudad de Buenos Aires.
Dichas amenazas fueron posibles ya que el Presidente del CUCICBA, Héctor D´Odorico, envió por mail a todos los matriculados una copia de la carta documento que le haría llegar posteriormente a Muñoz, en la cual figura su domicilio particular y una intimación para que rectifique sus declaraciones públicas respecto a la responsabilidad del Colegio en la violación sistemática de la Ley 2.340.
En la mediación realizada a mediados de junio en la Justicia Penal de la CABA, Gervasio Muñoz, representado por el abogado Nahuel Berguier, solicitó que los matriculados que concretaron las amenazas se disculpen a través de un cartel en sus inmobiliarias, en redes sociales y en la tapa del suplemento de clasificados del Diario Clarín. Ante la negativa de los inmobiliarios y la ausencia de Héctor D´Odorico, la situación no se resolvió y continúa su curso en la Justicia porteña.
Al respecto, Gervasio Muñoz afirmó “Las amenazas están originadas en el rechazo que genera en algunos sectores del mercado inmobiliario la organización de los inquilinos, la difusión de las prácticas ilegales de las inmobiliarias y sobre todo, en las acciones judiciales que se impulsaron a fin de terminar con el cobro indebido de comisiones”. Y agregó “Desde Inquilinos Agrupados vamos a seguir defendiendo los intereses de las familias que alquilan su vivienda, desalentando y repudiando cualquier forma violenta de resolución de conflictos”.
En tanto, el abogado Nahuel Berguier afirmó “Desde la querella estamos poniendo especial esfuerzo para que la causa avance y los gerentes del Colegio tengan que dar explicaciones en la Justicia por esta práctica que incita a la violencia”.
