Javier Milei ha ampliado su currículum una vez más. Por eso, después de presentarse como experto en crecimiento económico, incluso “sin recursos”, ha asumido un nuevo papel: decidir quién puede entrar, quedarse o ser expulsado de Argentina.
El Presidente ha firmado un DNU que establece nuevas razones para evitar el ingreso o expulsar a extranjeros que fomenten mensajes de odio, discriminación o violencia hacia los argentinos por su nacionalidad, así como a aquellos que ofendan los símbolos nacionales.
Por eso, desde el Gobierno, promueven esta medida como una defensa sólida de la Nación. El problema surge cuando términos tan amplios como “odio”, “ofensa” o “violencia simbólica” pueden ser interpretados por quienes están en el poder.
Asimismo, el decreto precisa que una crítica política, académica o ideológica no debería ser un motivo para sancionar. No obstante, queda la inquietud: ¿quién determinará la línea entre una opinión incómoda y una manifestación considerada ofensiva hacia la Patria?
Mientras se espera el crecimiento prometido en la economía, Milei parece haber encontrado una nueva función para ocupar su agenda: controlar el acceso al país y dar tarjetas rojas a los extranjeros que, según el Gobierno, no se comporten adecuadamente.
Es importante destacar que, defender a los argentinos frente a discursos discriminatorios es una causa válida. Sin embargo, hacerlo nuevamente a través de un DNU, sin un debate legislativo previo y utilizando definiciones que podrían ser arbitrarias, es un tema distinto.
Para finaliizar, la economía puede esperar pues ahora el Presidente también supervisa quién puede entrar y quién debe salir.
