Por Redacción iJudicial . Se trata del punto 3, del acuerdo celebrado el pasado 3 de marzo con la presencia del titular de la Cámara, Sergio Delgado, su vicepresidente y actual consejero, Marcelo Vázquez; y la totalidad de sus colegas. A continuación, el texto completo:
En relación a la situación relativa con las recientes modificaciones a la ley 24018 los señores Jueces manifestaron que tal como lo señala la Unión Internacional de Magistrados, a través del Grupo Iberoamericano, «la función que desempeñan los jueces presenta una naturaleza propia con características y exigencias específicas, muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales. Ninguna otra actividad pública se encuentra regida por un sistema de incompatibilidades y limitaciones funcionales tan estricto como el de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, necesario para el correcto ejercicio de la función» (IAJ-UIM, pronunciamiento del 28 de febrero de 2020). Es por esta razón, que se ha diseñado un régimen jubilatorio en línea con lo establecido por la Constitución Nacional que exige dotar de estabilidad e intangibilidad a la función que desempeñan los jueces, ello con el fin de asegurar el debido control judicial respecto de las funciones políticas y de gestión de recursos públicos que ejercen los demás poderes. La pretensión de modificar el régimen sin mayor debate, conforme lo acreditado con su tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el pasado día jueves 27 de febrero, ha motivado el citado pronunciamiento, que considera un claro avasallamiento a la independencia de la justicia argentina la reforma legislativa que se propicia, como así también sendas manifestaciones en el mismo sentido de la Unión Iberoamericana de Jueces (UIJ, Pronunciamiento del 25.2.2020) y de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM, pronunciamiento del 20.2.2020). En nuestra condición de magistrados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporados al régimen de la ley 24018, expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que la alteración del régimen especial en los términos que obtuvieran media sanción en el Congreso Nacional tendrán no solo en el Poder Judicial de la Nación, sino también en aquellas jurisdicciones que alcanzadas al mismo. No ignoramos las dificultades económicas que sufre la población en general y somos conscientes de la necesidad de mancomunar esfuerzos y sacrificios para superar esta situación, que no por ser novedosa no deja de ser dolorosa para muchos; no obstante, creemos que no es a través de la deslegitimación de los jueces el modo correcto de honrar los derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional para todos los ciudadanos. Tampoco creemos que el camino adecuado sea la modificación sin mayor análisis ni debate de normas que regulan un régimen acorde con las incompatibilidades y limitaciones funcionales que tenemos como jueces, adecuadas a la actividad pública basal para el estado de derecho que desempeñamos. En virtud de todo lo expuesto, exhortamos al Honorable Senado de la Nación a que habilite un debate amplio, profundo y democrático de las modificaciones propuestas, en pos de garantizar el respeto de los derechos individuales de aquellos que tenemos el deber de bregar por el derecho y las libertades de las personas en el marco de una real y efectiva independencia del Poder Judicial.-
