El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires realizó una importante denuncia a 49 inmobiliarias por incumplimiento de la manda del Juez Segón y de las leyes 2340, 3588 y 5115. La denuncia constituye un hecho importantisimo para los 900.000 inquilinos de la ciudad. Desde Inquilinos Agrupados, su titular, Gervasio Muñoz dijo: «estamos logrando la participación de diferentes organismos para avanzar contra el abuso de las inmobiliarias. Es importante que de una vez por todas quede demostrado que el CUCICBA y su presidente Héctor D´odorico, no toman las medidas necesarias para que las 6000 inmobiliarias de la ciudad cumplan con la ley»
También hay que destacar la denuncia que hizo el defensor del pueblo Alejandro Amor, aportando pruebas que recabó el area de defensa del inquilino a cargo de Fernando Muñoz. Donde se aportan los datos del incumplimiento de la ley 2340 y el tope de cobro a comisiones.
Por último desde Inquilinos Agrupados quieren señalar que no descansarán hasta que las inmobiliarias cumplan con la ley y los inquilinos alquilemos de forma justa en la ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD), a través de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 5, denunció el incumplimiento de la medida judicial dictada por el Juez Marcelo Segón, que ordenaba a las inmobiliarias la colocación de un aviso en la vidriera de los locales, para informar a los clientes de la existencia del amparo judicial, que tiene como objeto principal hacer cumplir el tope, establecido por ley, en las comisiones inmobiliarias. Además debían incluir dicha información en sus sitios web.
El MPD –que interviene en la causa patrocinando a una inquilina-, realizó un relevamiento en 49 inmobiliarias ubicadas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y pudo constatar que sólo ocho (un 16 por ciento), cumplen con la orden judicial de colocar el aviso en la vidriera. Asimismo, ninguna de las inmobiliarias había publicado el aviso en su página web.
De la investigación realizada surge también que en 47 casos pudo verificarse la ausencia de la obligación legal impuesta por la ley 3588, que indica colocar, en un lugar visible, la transcripción de la normativa que establece el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino.
Por otra parte, tampoco ha podido constatarse el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 5.115, en cuanto al deber de incluir en los avisos inmobiliarios la información acerca de las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidades físicas.
La acción judicial, originalmente iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), apunta a que se declare la nulidad de la resolución 350/2016 del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), que autoriza el cobro de comisión inmobiliarias a los inquilinos por locación de inmuebles, de entre uno y dos meses de alquiler. La resolución viola las disposiciones establecidas por el artículo 57 de la ley la Ciudad de Buenos Aires Nº 2340, la cual fija un tope para las comisiones del 4,15% del total de contrato (lo que equivale aproximadamente a un mes).
