El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó una denuncia ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a cargo de Leopoldo Maldonado Gutiérrez. La presentación advierte sobre el grave deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en la Argentina y solicita su intervención ante el Estado argentino.
La denuncia se completó con un informe que documenta la magnitud del problema a partir del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, que registra ataques a la prensa desde 2008. Los casos crecieron de 116 en 2023 a 179 en 2024 y a 278 en 2025, la cifra más alta en la historia del Monitoreo. En lo que va de 2026, ese récord ya fue superado, y más del 60% de las agresiones proviene del presidente Javier Milei. Los datos son elocuentes: en 2023, hubo 5 casos en los que el Presidente fue responsable (3, Alberto Fernández y 2, Milei); en 2024, Milei generó 56 casos; en 2025, 119; y en lo que va del 2026, lleva 175 hechos.
El informe detalla la escalada del discurso presidencial en las últimas semanas. El 6 de octubre, el presidente escribió en X “Torpedo a la cabeza de los sicarios corruptos del micrófono”. El viernes 23 de octubre, durante la cena anual de la Fundación Faro y horas después de su sobreseimiento en la causa $LIBRA, nombró a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, que informaron sobre ese caso, y luego afirmó: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”. FOPEA advirtió ante la Relatoría que la evocación de la violencia física contra periodistas identificados con nombre y apellido, formulada por el jefe de Estado, representa un salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa.
La presentación incluye además otros hechos:
- La represión de las fuerzas federales en las protestas frente al Congreso, con el antecedente del reportero gráfico Pablo Grillo, gravemente herido en la cabeza en marzo de 2025, y los siete trabajadores de prensa alcanzados por balas de goma en la Marcha Federal Universitaria de este mes.
- Campañas de hostigamiento a través del armado de fake news. Por ejemplo, contra la periodista Julia Mengolini mediante videos fabricados con inteligencia artificial, que el presidente amplificó. Además, en marzo de 2026 la Oficina de Respuesta Oficial de la Nación armó una campaña de desinformación y de estigmatización contra FOPEA.
- Las restricciones de acceso a la Casa Rosada y a la información pública. En esa línea, la sala de Prensa estuvo cerrada durante 11 días (del 23 de abril al 4 de mayo de 2026) y en septiembre de 2024, el Gobierno nacional introdujo cambios mediante decreto en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información pública.
- El crecimiento de las acciones judiciales contra periodistas.
- Las decisiones de censura previa dictadas en los casos de los audios atribuidos a Karina Milei, de la Compañía de Circuitos Cerrados de Tucumán y de los periodistas que investigan a la AFA.
- La condena en Formosa a un equipo periodístico por trabajar sin “carnet”, que no es obligatorio en el país.
- La derogación del Estatuto del Periodista Profesional.
- El avance de los desiertos de noticias locales.
FOPEA solicitó a la Relatoría Especial que remita una comunicación al Estado argentino y que se pronuncie públicamente sobre la situación. Pidió que se le recuerde al Estado las obligaciones que le impone el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido el deber de los funcionarios de abstenerse de expresiones que estigmaticen a periodistas o los expongan a riesgos. También pidió que se evalúe una visita oficial al país y que la Relatoría actúe en coordinación con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como se recordará, un panorama similar ya fue expuesto en diciembre de 2025 por nuestra organización en una audiencia ante la CIDH.
FOPEA reitera su solidaridad con todos los periodistas agredidos. Insta a los dirigentes políticos, a los legisladores de todos los bloques y a las instituciones de la República a pronunciarse con claridad frente a un discurso que legitima la violencia contra quienes informan. La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía del derecho de toda la sociedad a estar informada.
