La Subsecretaría de Ambiente de la Facultad de Agronomía de la UBA y el programa FAUBA Verde expresaron su preocupación por el nuevo esquema de contratación que impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos. Advierten que las modificaciones propuestas podrían dificultar la participación de las cooperativas de recuperadores/as urbanos/as, protagonistas del sistema de reciclado porteño desde hace más de una década.
Las cooperativas de recuperadores/as urbanos/as forman parte del sistema de gestión de residuos reciclables de la Ciudad de Buenos Aires desde hace más de una década. Su incorporación fue reconocida por la Ley N.º 992, que priorizó la participación de las cooperativas y organizaciones de recuperadores en la recolección diferenciada. Posteriormente, la Ley N.º 1.854 de Basura Cero consolidó un modelo de gestión basado en la separación selectiva, la recuperación y el reciclado de residuos.
En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió el proceso para definir un nuevo esquema de contratación del servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos. El anteproyecto de pliego modifica de manera significativa las condiciones de participación en el sistema y pone en discusión el lugar que ocuparán las cooperativas de recuperadores/as urbanos/as.
El Centro Interdisciplinario de Estudios en Políticas Ambientales (CIEPA-FAUBA) elaboró el informe ¿Reciclado con inclusión o privatización? Lo que está en juego en el nuevo pliego de la Ciudad, que analiza el anteproyecto y sus diferencias respecto del esquema vigente.
¿Qué cambia?
Según señala el informe, el nuevo esquema propone modificaciones que podrían dificultar la participación de las cooperativas:
• Las zonas de trabajo se reducen de 15 a 6, lo que aumenta considerablemente la escala de cada contrato.
• Se incorporan mayores exigencias económicas, financieras y administrativas, que podrían resultar difíciles de afrontar para las cooperativas.
• Solo una de las seis zonas sería preadjudicada a una cooperativa.
• La incorporación de recuperadores/as urbanos/as deja de ser un requisito para participar y pasa a ser solamente un criterio que suma puntos en la evaluación.
“Estos cambios deben analizarse no sólo desde la dimensión operativa de la gestión de residuos, sino también teniendo en cuenta las consecuencias sociales y económicas para quienes desarrollan tareas de recuperación de materiales”, expresan desde la Subsecretaría de Ambiente y FAUBA Verde.
Desde hace varios años, la Facultad trabaja junto a cooperativas de recuperadores/as urbanos/as, entre ellas El Álamo y Reciclando Trabajo y Dignidad. “Esta articulación busca promover una gestión de residuos que contemple de manera integrada los objetivos ambientales y las dimensiones sociales y económicas del sistema. Recuperar materiales, fortalecer el trabajo cooperativo y promover la economía circular son, para estos espacios, partes de un mismo proceso”, destacaron.
El vínculo con las cooperativas también forma parte de la formación de estudiantes. A través de trabajos finales de grado, pasantías, visitas y charlas, se generan espacios de encuentro entre cooperativas, estudiantes y docentes para conocer el funcionamiento del sistema de reciclado, intercambiar saberes sobre el trabajo de los/as recuperadores/as urbanos/as y abordar los desafíos de una gestión de residuos con inclusión social.
Frente a las modificaciones planteadas, la Subsecretaría de Ambiente y FAUBA Verde manifestaron su preocupación y acompañaron a las cooperativas de recuperadores/as urbanos/as en la defensa de un sistema de reciclado con inclusión social.
