El informe de Tejido Urbano advierte que la mayoría del déficit habitacional en Argentina no se explica solamente por la falta de viviendas, sino también por el deterioro, el hacinamiento y la falta de servicios básicos
Por Flavio Melin (Informe Construcción) Argentina, el problema de la vivienda dejó de ser únicamente una cuestión de cantidad. Hoy, el déficit habitacional se expresa con mayor fuerza en el deterioro de las condiciones de vida. Así lo expone un informe reciente de la Fundación Tejido Urbano, que estima que alrededor de 10 millones de hogares enfrentan algún tipo de problema habitacional.
Los datos dimensionan con precisión una problemática estructural en la Argentina: 10,7 millones de hogares urbanos presentan algún tipo de déficit habitacional, lo que equivale al 73% del total registrado en el Censo 2022, sobre una base de 14,6 millones de hogares.
La cifra, por su magnitud, obliga a replantear el enfoque tradicional. Durante años, el debate público giró en torno a cuántas viviendas faltan. Sin embargo, el estudio muestra que la dimensión más extendida del problema está en otro lado: las viviendas que existen, pero no garantizan condiciones adecuadas de habitabilidad.
Lejos de tratarse de una situación marginal, el déficit cualitativo, asociado al deterioro edilicio, la precariedad constructiva y la falta de servicios básicos, concentra la mayor parte de los casos. En paralelo, el déficit cuantitativo, vinculado a la necesidad de nuevas viviendas, persiste pero ya no explica por sí solo la crisis.
El diagnóstico es claro: millones de hogares viven en unidades con limitaciones estructurales, sin acceso pleno a redes de agua, saneamiento o gas, y en muchos casos en condiciones de hacinamiento. Esta combinación no solo define un problema habitacional, sino también sanitario y social.
El hacinamiento, en particular, aparece como uno de los indicadores más sensibles. No se trata únicamente de falta de espacio, sino de una variable que impacta directamente en la salud, el rendimiento educativo y la convivencia. En este contexto, la vivienda deja de ser un refugio para convertirse en un factor de riesgo.
A esto se suma una dinámica urbana que, en las últimas décadas, avanzó más rápido que la infraestructura. El crecimiento de las ciudades, especialmente en sus bordes, dio lugar a desarrollos sin servicios suficientes, consolidando un patrón de desigualdad territorial que el informe vuelve a poner en evidencia.
En los grandes centros urbanos, el déficit se manifiesta en la sobreocupación y el deterioro del parque habitacional. En las áreas periurbanas y rurales, en cambio, el problema se vincula con la falta de infraestructura básica y la informalidad constructiva. En ambos casos, el resultado es el mismo: condiciones de vida insuficientes.
El dato de los 10 millones de hogares introduce, además, un cambio de escala en la discusión. Ya no se trata de un segmento acotado de la población, sino de una problemática extendida que atraviesa distintos niveles socioeconómicos, aunque con mayor intensidad en los sectores más vulnerables.
En este escenario, el informe plantea, de manera implícita, un giro en las políticas habitacionales. La construcción de nuevas viviendas sigue siendo necesaria, pero resulta insuficiente si no se acompaña con programas de mejoramiento del stock existente, ampliación de servicios y estrategias de densificación adecuadas.
