Por Observatorio del Derecho a la Ciudad. Se trata del Centro de Desarrollo Infantil (CEDI), ubicado en Pringles N° 340/42/44, uno de los pocos jardines que admiten alumnas/os de 45 días a 3 años. Mientras en la Comuna 5 faltan al menos 500 vacantes en ese rango etario, el Gobierno de la Ciudad pretende rematarlo el 2 de junio. El GCBA también avanza en la subasta del predio lindero, ubicado en Pringles 354. El Observatorio del Derecho a la Ciudad realizó presentaciones judiciales para detener ambas subastas e impulsa una campaña para se transformen en un gran jardín de infantes.
La subasta del predio de Pringles 340 –autorizada por la Ley N° 3397- se prorrogó para el miércoles 2 de junio, con un precio base de USD 295.081. En el caso del terreno ubicado en Pringles 354, por ahora, no hay subasta programada aunque ya está autorizada por la ley N° 6.287.
Esta última ley fue sancionada por la Legislatura porteña el 5 de diciembre de 2019, con 42 votos a favor y 14 votos negativos, yautorizó la venta de 58 inmuebles que el GCBA consideró innecesarios para su gestión. Durante el tratamiento de este proyecto y en forma previa a esta decisión no se realizó ninguna instancia de participación ciudadana a pesar de que el Plan Urbano Ambiental establece que el manejo del Banco de Tierras e Inmuebles de la Ciudad debe ser implementado en marcos participativos. La ausencia de participación ciudadana al momento de definir la venta de estos predios no es menor si se considera que la superficie total aproximada de los 58 inmuebles es de 40 mil m2.
Por ello, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP y la Defensoría de Laburantes presentaron una acción de amparo colectivo para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la ley N° 6.287 que autorizó la venta de numerosos inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad, entre ellos el predio ubicado en Pringles 354, y realizó una presentación judicial para frenar la subasta del predio donde funciona el Centro de Desarrollo Infantil (CEDI), ubicado en Pringles N° 340/42/44.
Hasta el momento las medidas cautelares solicitadas fueron rechazadas por la Sala IV del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. La misma sala que suspendió la vigencia del DNU presidencial que suspendía las clases presenciales.
«La justificación para vender estos predios es que el producto de la venta será destinado a salud, educación, vivienda o ampliación de la red de subterráneos, pero se trata de una trampa retórica«, explica Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
«El dinero que se obtiene de estos remates es destinado, por ejemplo, a pagar Estudios de Opinión Pública y encuestas electorales como las que realizó el gobierno en abril de este año por más de $800 millones de pesos, o para costear la infraestructura de servicios para mega emprendimientos privados como el Parque de la Innovación, donde se adjudicó a la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. la construcción de las veredas y la infraestructura de servicios por un monto de $998 millones de pesos«.
María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, expresó: «En momentos en que se discute y polemiza si las clases deben ser presenciales, virtuales o bimodales, queda en segundo plano el debate de la falta de jardines públicos en la Ciudad, que ayudaría a resolver entre otros problemas que las madres o padres que trabajan puedan dejar al cuidado de personal docente especializado a les niñes de 45 días a 3 años. Por ello, impulsamos una campaña para que ambos predios se transformen en un gran jardín de infantes. Un eje arquitectónico del GCBA es priorizar la transferencia de recursos públicos a manos privadas sin consideración, en este caso, de la comunidad porteña, quien debería decidir el destino de estos inmuebles que les pertenecen y que no son los bienes de una clase política coyuntural«.
Se invierten 850 millones en patrulleros blindados
El gobierno de la Ciudad llamó a licitación para comprar 70 camionetas blindadas y 150 patrulleros para la Policía de la Ciudad por más de 850 millones de pesos, monto similar al recorte educativo que realizó en los últimos siete meses, cuando suspendió la construcción de dos escuelas y redujo el presupuesto del Programa que se ocupa de repartir dispositivos electrónicos a estudiantes porteños.
La gigantesca cifra se suma a los casi 300 millones de pesos que el gobierno ya había destinado en octubre del año pasado, cuando realizó una compra idéntica por 150 móviles.
El nuevo llamado a licitación salió publicado el día de hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad con el número 2900-0593-LPU21, y corresponde a la adquisición de 150 patrulleros y 70 camionetas «nuevas, blindadas, ploteadas, equipadas y su patentamiento para la Policía de la Ciudad». El monto destinado a la Licitación es de $861.500.000.
El monto es casi idéntico al recorte educativo que realizó el Gobierno de la Ciudad en los últimos siete meses. En este periodo, la ministra Acuña dio de baja la construcción de la Escuela de Danzas N°2 DE 18, Jorge Donn, por $241 millones; la construcción de la Escuela Primaria de Creación «Estación Buenos Aires», ubicada en el Distrito Escolar N° 5, por 214 millones de pesos; y canceló más de 40 millones de pesos asignados para trabajos de refacción, restauración e instalación eléctrica en nueve escuelas de la Ciudad. A esto hay que sumarle el recorte de 371 millones de pesos que sufrió el Plan Sarmiento, encargado de repartir dispositivos electrónicos a estudiantes de la Ciudad.
Este gigantesco monto de dinero que el gobierno de la Ciudad va a destinar a la compra de patrulleros se suma a los más de 3400 millones de pesos que ya lleva gastados para las fuerzas de seguridad en lo que va de la pandemia. Los millonarios gastos van del «Mantenimiento de los sistemas de climatización de edificios de la Policía de la Ciudad» a la «Adquisición de Alimento Balanceado para Canes», pasando por la compra de municiones y uniformes con destino a grupos especiales de la Policía de la Ciudad.
Mientras el Gobierno de la Ciudad repite que «en educación cada día cuenta», los hechos concretos demuestran lo contrario.
