FUNDACO (Fundación para la defensa y control del animal comunitario) demandó al Gobierno porteño por no cumplir con la ley sobre el control y sanidad de la poblacional de canes y felinos domésticos y callejeros. El juez Darío Reynoso, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, será el encargado de decidir si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta incumpliendo la ley para controlar la superpoblación de animales en la Ciudad y la sanidad de los mismos.
El próximo miércoles 24 de septiembre a las 12 hs. en la Avda. Roque Sáenz Peá 636, se celebrará la audiencia entre la Fundación demandante y las autoridades del Gobierno de la Ciudad. La misma será acompañada de una movilización por parte del colectivo proteccionista y defensor de los animales.
En la Ciudad se calcula que hay más de un millón de animales y de ese número más de un 10% están en la calle.
La ley 4351 implementa un programa de tres años de castraciones masivas y gratuitas, como la única herramienta ética de control poblacional de la fauna urbana, siguiendo los lineamientos de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Articulo 27, Inc.5. Año 1996 y la Ley Nº 1338/2004. Política de Estado:
A su vez, esta misma ley crea en el ámbito de la Ciudad los Centros de Atención Veterinaria Comunal y los Centros Móviles de Atención Veterinaria, los cuales serán dirigidos por un veterinario matriculado, teniendo como competencia los mismos, la vacunación antirrábica, guardia veterinaria, la atención ambulatoria de animales domésticos y domésticos callejeros, la realización de tratamientos de baja y mediana complejidad (antisárnicos, esterilización, desparasitación y otras patologías). Siendo la autoridad de aplicación
de la presente ley el Departamento de Sanidad y Protección Animal,dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
La ley tiene por objeto garantizar la atención veterinaria pública y gratuita de los animales de compañía que habitan en esta Ciudad, y está en manos de la Justicia decidir sobre el futuro de los animales en la Capital de la Nación.
Foto de archivo
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